Stephany Carmona Rojas de 23 años, elemento de la Guardia Nacional (GN), fue ejecutada dentro de las instalaciones del 51º Batallón en Acapulco, Guerrero, por un compañero de la misma corporación.
El responsable, el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, se dio a la fuga tras el ataque, sin que el personal de seguridad del recinto impidiera su salida, el cuerpo de la joven, originaria de Ajalpan, Puebla, fue encontrado con dos impactos de bala en la cabeza, según los reportes periciales.
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La agresión ocurrió la noche del martes dentro del cuartel donde ambos estaban asignados. Inicialmente, las autoridades notificaron a la familia que el hecho había ocurrido durante una “práctica de tiro”, una versión que sus familiares han calificado de falsa.
La madre de la víctima, María Fernanda Carmona, viajó desde Puebla a Acapulco tras ser informada de que su hija había ingresado herida al Hospital Naval Militar, al llegar, le notificaron la muerte y la condujeron a una bodega para reconocer el cuerpo.
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“Nada de lo que me dijeron tiene sentido, mi hija no estaba en una práctica, fue asesinada”, declaró la madre, quien exige que el caso se investigue con perspectiva de género y sin encubrimiento institucional.
Compañeras de la víctima han señalado que en el cuartel existían antecedentes de acoso laboral y sexual hacia mujeres, en mensajes compartidos en redes sociales, Stephany habría denunciado hostigamiento previo y advertido que fue amenazada con arresto si formalizaba una queja.
Conversaciones difundidas entre Stephany y otra integrante de la GN muestran que la joven ya había reportado el acoso: “Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”, se lee en uno de los mensajes.
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A pesar de estas alertas, no se habría abierto ninguna investigación interna, los testimonios apuntan a una falla en los protocolos de prevención y atención a la violencia de género dentro de la corporación.
El hermetismo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre el caso se mantiene hasta el momento, sin confirmar una orden de aprehensión ni medidas disciplinarias contra los mandos.
El crimen ha sido denunciado en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaStephany, impulsado por familiares, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos que demandan rendición de cuentas por parte de las autoridades militares.
El gobierno municipal de Ajalpan, lugar de origen de la joven, también ha demandado una investigación exhaustiva y apegada a la ley, el caso reaviva el debate sobre la violencia de género y la falta de mecanismos de protección para mujeres uniformadas, en un estado como Guerrero que se mantiene entre los que registran un alto número de feminicidios, según el SESNSP.
“Mi hija quería proteger a México. Ahora yo le pido al Estado que la proteja a ella, aunque sea con justicia,” es la exigencia de la madre de la víctima.