Menos de 48 horas. Ese fue el tiempo que pasó detenido el empresario Fredy R., dueño de varias compañías de grúas señaladas por abusos y corrupción en Morelia, Michoacán, luego de ser detenido junto a tres personas en posesión de dos armas de uso exclusivo del Ejército. La rapidez de su liberación, sin detalles claros sobre su situación jurídica, ha encendido las alarmas por usar su influyentismo con autoridades estatales y municipales.
Fredy R., propietario de Grúas Express, Servigrúas y Grúas Esparta, fue aprehendido por elementos de la Guardia Nacional mientras conducía un vehículo tipo Razer, acompañado de otras tres personas, quienes también portaban armas cortas. A pesar de los antecedentes y señalamientos públicos que pesan sobre sus empresas, el vehículo ya le fue devuelto y, hasta el momento, no se ha informado sobre mayores consecuencias legales para el empresario.
Opera un jugoso negocio ilegal en complicidad con agentes corruptos de corporaciones de seguridad estatales y federales como Policías Municipales, Estatales y Guardias Nacionales, los cuales reciben un porcentaje por cada coche siniestrado, multado o asegurado, el sujeto incluso mencionó que conocía al mismo gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla y al Presidente Municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar.
También se menciona que el sujeto forma parte del crimen organizado de Michoacán, siendo uno de los lavadores de los carteles que operan en Morelia.
La pronta liberación de Fredy R. ha provocado un torbellino de críticas en redes sociales. Ciudadanos y víctimas de sus empresas denuncian tratamientos preferenciales y posibles protecciones desde esferas políticas o institucionales. Comparan la inusual celeridad del caso con los largos y tortuosos procesos que enfrentan los ciudadanos comunes para liberar vehículos de los corralones por faltas administrativas, un tiempo que es "mayor al que pasó el detenido con armas exclusivas de las Fuerzas Armadas".
Las empresas de Fredy R. han sido blanco de diversas denuncias ciudadanas que señalan años de operación mediante cobros excesivos, prácticas intimidatorias y supuestas alianzas con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía estatal y la Guardia Nacional. Se presume que estas conexiones les habrían asegurado contratos y preferencia para arrastres, retenciones y almacenamiento de vehículos.
Una de las víctimas compartió en redes sociales un desgarrador testimonio, relatando haber sido perseguida y sacada del camino tras negarse a pagar un cobro ilegal de más de 15 mil pesos. Según su versión, el incidente ocurrió después de ampararse legalmente para liberar su vehículo, y lo atribuye directamente a represalias orquestadas por el empresario ahora en libertad.
Mientras la justicia parece lenta e implacable para la mayoría de los ciudadanos, casos como el de Fredy R. sugieren que figuras con presunto respaldo político no solo evaden consecuencias, sino que incluso recuperan sus pertenencias con una rapidez sorprendente. Este hecho plantea serias interrogantes sobre la equidad y transparencia del sistema judicial en Michoacán.
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