En un golpe contundente contra el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad, en coordinación con dependencias federales y estatales, ejecutó la “Operación Liberación” el pasado 21 de julio. Esta estrategia nacional contra la extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, logró desarticular complejos entramados criminales ligados a La Familia Michoacana en 14 municipios del Estado de México, una de las ocho entidades con mayor incidencia de este delito.
El objetivo de la operación no fue solo detener sicarios, sino desmantelar las estructuras gerenciales que financiaban y sostenían a la organización criminal. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho objetivos prioritarios: dueños de comercios, regidores, líderes sindicales y operadores financieros. Estas personas, que aparentaban ser empresarios respetables, controlaban con violencia sectores clave como la construcción, la madera, la carne y la paquetería, imponiendo cuotas ilegales y precios abusivos.
El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, enfatizó que la operación se centró en quienes controlaban la economía local a través de la logística, finanzas, distribución y comercialización, obligando a comerciantes y transportistas a operar bajo sus condiciones.
Uno de los principales objetivos capturados fue Eli “N”, dueño del almacén “JIMEX”. Este individuo era el único distribuidor de cemento y materiales de construcción autorizado por el grupo criminal en la región. Las autoridades confirmaron que nadie podía construir en Valle de Bravo sin comprarle a él, a precios que podían tener sobrecostos de hasta el 400%. Eli “N” también es investigado por extorsión y secuestro.
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| Todo lo asegurado |
Asimismo, se detuvo a Gonzalo “N”, líder del “Sindicato Bradosva”, quien monopolizaba el suministro y transporte de grava, arena y varilla. Exigía pagos de hasta 15 mil pesos por ingreso y 2,500 pesos por viaje a las constructoras que intentaban operar sin su autorización, llegando incluso a privar de la libertad a transportistas.
Se presume que “JIMEX” extraía materiales de la mina “San Francisco” en Temascaltepec. Quien adquiriera material en lugares no autorizados o usara servicios de transporte diferentes era despojado de la mercancía y sus operadores eran golpeados.
En Ixtapan de la Sal, fue capturada Alicia “N”, encargada de la contabilidad de varios negocios. Se le acusa de extorsión agravada por obligar a clientes a pagar un sobrecosto del 20% bajo amenaza de ser “levantados o asesinados”. Alicia usaba un hotel que administraba como centro de operaciones y exhibía caballerizas con más de 50 caballos de alto registro, presuntamente propiedad de líderes criminales, para intimidar.
Alicia “N” es pareja de Jorge “N”, líder de las madererías en Valle de Bravo, quien también es investigado por exigir 100 mil pesos a un comerciante de madera y una cuota mensual para permitirle operar.
Otra detenida fue Yareli “N”, cuarta regidora municipal y prima de Alicia, acusada de secuestro exprés con fines de extorsión. Se le vincula con la privación de la libertad de un comerciante de muebles en abril de 2025, a quien amenazó de muerte si no pagaba una cuota.
También se detuvo a José Fernando “N”, dueño de madererías en Ixtapan de la Sal, quien imponía sobrecostos del 20% para entregar ganancias al grupo delictivo. Establecimientos como “El Boulevard”, “Grupo Vulcano”, “Aceros Omega”, “Vidriería Liverpool” y la maderería de “Santa María” eran parte de este esquema. El entramado se extendía a municipios como Malinalco y Tenancingo, controlando casas de materiales como “Construrama” y “Ferremateriales La Coyota”, y la casa de materiales “Lobo”.
Yareli “N”, Alicia “N”, Jorge “N” y José Fernando “N” presuntamente convocaban a comerciantes de la zona a un hotel para “alinearlos” con el grupo criminal, y quienes se negaban eran secuestrados.
Antonio “N”, presunto distribuidor de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, fue capturado por imponer cobros ilegales de 5 pesos por kilo de ganado y amenazar a quienes compraban a otros proveedores. Bernardo Alejandro “N”, detenido en Quintana Roo, era el encargado de la venta de pollo en Ixtapan de la Sal y amenazó a un comerciante para que le comprara exclusivamente a él.
En Tejupilco, la red criminal obligó al cierre del rastro municipal y estableció uno clandestino en Lodo Prieto, cobrando altas cuotas por el sacrificio de animales y revendiendo cárnicos sin permisos sanitarios.
Además, los extorsionadores retenían paquetería de empresas como Mercadolibre, Estafeta o FedEx en centros de distribución únicos en Tejupilco. Si el destinatario no pagaba una cuota adicional, no recibía su paquete, o incluso se lo robaban. Se recuperaron más de 800 paquetes.
Durante la “Operación Liberación” se ejecutaron 52 cateos en 63 inmuebles comerciales, muchos de ellos centros de financiamiento del grupo criminal. Los sectores intervenidos incluyen la comercialización de materiales de construcción, ferreterías, madererías, carnicerías, rastros ilegales, criaderos de cerdo y pollo, transporte de mercancías y centros de distribución de paquetería.
Se aseguraron 63 inmuebles, incluyendo 24 casas de materiales de construcción y seis minas de arena controladas directamente por la organización. Se encontraron depósitos con miles de sacos de cemento, varilla por tonelaje, materiales de construcción, y hasta animales de granja y productos cárnicos, almacenados ilegalmente o comercializados bajo coacción.
Los productos y bienes asegurados serán entregados a la Secretaría de Bienestar del Estado de México para asistencia social, en una acción inédita autorizada por el Poder Judicial para su disposición anticipada. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera analiza los bienes asegurados con el objetivo de aplicar la extinción de dominio y que estos recursos beneficien a la comunidad afectada.