La Embajada de Estados Unidos en México ha lanzado una advertencia sobre el huachicol fiscal, revelando que esta actividad ilícita se ha convertido en una industria multibillonaria que enriquece a las bandas del crimen organizado y tiene un impacto devastador en las finanzas de ambos países.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la embajada, bajo la dirección de Ronald D. Johnson, detalló la sofisticada ruta que sigue este combustible robado. Inicialmente, el huachicol es transportado por camiones o ductos desde México hacia Texas, Estados Unidos, donde intermediarios cómplices lo “legalizan” y venden a refinerías estadounidenses.
El proceso no termina ahí, una vez refinado, el combustible es exportado de regreso a México de forma oculta y mal etiquetado, evadiendo así los controles aduaneros, para lograr esto, el crimen organizado recurre a la falsificación de documentos y el uso de empresas fachada, permitiendo que el producto ilícito llegue a algunas gasolinerías mexicanas y se venda como legítimo a consumidores que, en muchos casos, desconocen su origen fraudulento.
La Embajada estadounidense enfatizó que el huachicol fiscal es la importación y venta ilícita de hidrocarburos que evaden impuestos. "Detrás de cada litro ilegal, hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada", aseveró la representación diplomática.
El contexto de esta denuncia es alarmante, Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía, reveló que el huachicol ha representado pérdidas anuales de cuatro mil millones de dólares para México durante los últimos dos sexenios. Esta cifra, que asciende a 74 mil 400 millones de pesos, equivale a la mitad del presupuesto que ejercerá la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para 2025.
En un período de 12 años, abarcando las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el problema del huachicol ha generado pérdidas acumuladas para Petróleos Mexicanos (Pemex) y las finanzas públicas que ascienden a la impresionante cifra de 48 mil millones de dólares. Barnés de Castro sugirió que estas estimaciones podrían incluso quedarse cortas, dada la magnitud del problema.
Los volúmenes involucrados en el huachicol actual ya no son un "robo hormiga", sino que involucran a bandas del crimen organizado con una enorme capacidad para robar, mover, distribuir, colocar en el mercado y lavar el dinero.
Esta complejidad operacional implica una profunda protección política y la complicidad de grupos de negocios, generando enormes implicaciones para las finanzas públicas, Pemex y la corrupción en el país, tanto a nivel económico como político.
Ante la gravedad de la situación, la Embajada de Estados Unidos subrayó que ambos países están trabajando conjuntamente para frenar el huachicol. Esto incluye la implementación de operativos coordinados en puertos y aduanas, la aplicación de sanciones a bancos y empresas vinculadas con estas actividades ilícitas, y la creación de nuevos mecanismos de control y trazabilidad para los hidrocarburos.
La colaboración entre Estados Unidos y México busca desmantelar esta lucrativa red criminal que no solo desangra las arcas públicas, sino que también financia la violencia que azota a la región.