El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes en su estrategia legal contra los cárteles mexicanos al anunciar la imputación formal de María del Rosario Navarro Sánchez, una ciudadana mexicana de 39 años. La acusación se basa en la provisión de apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que recientemente fue designada por el país vecino como una organización terrorista extranjera (FTO).
Este caso marca un hito, ya que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se acusa a una persona mexicana de este delito bajo leyes antiterroristas, lo que representa un cambio significativo en el enfoque legal hacia estas organizaciones criminales.
Según la acusación formal, María del Rosario Navarro Sánchez habría participado en una conspiración para entregar granadas al CJNG. Además, se le vincula con una red de tráfico que incluye armas, drogas, personas y grandes cantidades de dinero en efectivo con destino a los Estados Unidos. Junto a ella, otros dos ciudadanos mexicanos, identificados como Luis Carlos Dávalos López y Gustavo Castro Medina, también enfrentan cargos similares por su presunta participación en estas actividades ilícitas. La detención de Navarro-Sánchez en México a principios de mayo capturó la atención a nivel nacional, particularmente por el decomiso de un rifle bañado en oro en su posesión.
Si bien numerosas personas han sido procesadas en Estados Unidos por colaborar de diversas maneras con los cárteles de la droga, el caso de Navarro-Sánchez se distingue por ser la primera vez que el gobierno federal presenta cargos específicos por "proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera" contra alguien vinculado a un cártel mexicano.
 |
| Arma asegurada a María del Rosario Navarro Sánchez |
Hasta ahora, este tipo de acusaciones se reservaban casi exclusivamente para individuos relacionados con grupos terroristas de renombre global como Al-Qaeda, ISIS o Hezbollah, organizaciones conocidas por sus actividades terroristas a gran escala.
Con esta acción legal, el gobierno estadounidense eleva sustancialmente el nivel legal y político con el que aborda al CJNG, equiparándolo, en términos judiciales, a organizaciones terroristas internacionales. Esta designación como FTO conlleva la posibilidad de aplicar penas mucho más severas, utilizar herramientas legales más potentes y fomentar una mayor cooperación internacional para desmantelar de manera más efectiva las complejas redes de esta organización criminal.
Todd M. Lyons, director interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE, por sus siglas en inglés), enfatizó la gravedad de las acusaciones al declarar: “Suministrar granadas a una organización terrorista designada, mientras se trafican armas, narcóticos y personas, no solo es un crimen: es un ataque directo a la seguridad de los Estados Unidos”.
Por su parte, la Fiscalía explicó que la presentación de este tipo de cargos tiene como objetivo principal enviar un mensaje claro y contundente tanto a los cárteles como a cualquier persona que colabore con ellos. La advertencia es que involucrarse con estas organizaciones puede acarrear consecuencias legales similares a las que enfrentan quienes brindan apoyo a grupos extremistas como ISIS o Al-Qaeda.
Representantes de diversas agencias federales, incluyendo el FBI, la DEA, ICE y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), coincidieron en señalar que esta acusación busca intensificar la presión sobre los cárteles mexicanos. El objetivo es demostrar que cualquier individuo que brinde apoyo logístico, financiero o armado a estas redes violentas enfrentará cargos de la misma gravedad que los reservados para el terrorismo global, marcando un antes y un después en la estrategia de combate al crimen organizado transnacional.
Advertisement