Una investigación periodística publicada por The New York Times reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos operó en secreto en el estado de Chihuahua durante más de seis meses, ayudados por Guillermo Zuany Portillo, ex mando de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalado por nexos con el Narco.
De acuerdo con el reportaje firmado por los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas, los agentes estadounidenses participaron activamente en entrenamientos, operativos y misiones sobre el terreno junto a corporaciones policiales locales, contraviniendo las restricciones impuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum a la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
Zuany Portillo, quien se desempeñaba como fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la FGE, se consolidó como el enlace principal de la agencia estadounidense a partir de 2025, pese a que el FBI lo investigaba por nexos con la delincuencia organizada y acusaciones por encubrir el asesinato de dos policías en 2022.
Aunque el gobierno estadounidense le había retirado la visa por estos antecedentes, el documento le fue restituido para facilitar su colaboración operativa con la CIA.
La alianza permitió a los agentes estadounidenses desplegarse en territorio estatal equipados con armamento de alto calibre, indumentaria táctica e insignias oficiales de la policía de Chihuahua.
Durante las misiones, el personal de inteligencia estadounidense realizó tareas de cobertura con fusiles de asalto, revisión de dispositivos electrónicos asegurados e interrogatorios a detenidos.
La presencia encubierta de la CIA quedó al descubierto en abril de 2026 tras un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas en la zona serrana.
Durante el repliegue nocturno del convoy, un vehículo que transportaba a dos agentes de la CIA y a dos funcionarios mexicanos cayó a un barranco de 90 metros de profundidad y se incendió, provocando la muerte de los cuatro ocupantes.
Tras el siniestro, Zuany Portillo ordenó retirar los cuerpos de los agentes estadounidenses, despojarlos de insignias oficiales y presionar a los efectivos estatales para ocultar la participación de la agencias extranjeras.
El suceso desencadenó las siguientes repercusiones políticas e institucionales:
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gabinete de seguridad federal desconocía las misiones de la CIA y exigió deslindar responsabilidades a las autoridades estatales y al gobierno estadounidense.
El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, dimitió de su cargo y fue aprehendido bajo cargos de traición a la patria por presuntamente autorizar el despliegue clandestino extranjeros en la entidad.
Guillermo Zuany Portillo renunció a su puesto y permanece prófugo de la justicia con una orden de captura librada en su contra por autoridades federales, mientras la gobernadora Maru Campos rechazó haber tenido conocimiento de la infiltración operativa.
Advertisement