La diputada federal Aracely Cruz Jiménez denunció públicamente haber sido víctima de intimidaciones, amenazas y amedrentamientos por parte de Lucía Yasmín Torres Castillo, encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado de Oaxaca.
La legisladora exigió medidas de protección urgentes para salvaguardar su integridad física, la de su equipo de trabajo y la de su familia ante el riesgo derivado de estas acciones.
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| Lucía Yasmín Torres Castillo |
De acuerdo con la denunciante, las agresiones ocurrieron en el marco de mesas de diálogo sostenidas con Lucía Yasmín Torres Castillo y con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López que sería el patrocinador de la joven de 23 años que no tiene la experiencia para el puesto que ostenta.
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| Lucía Yasmín Torres Castillo |
En dichos encuentros, la legisladora brindaba acompañamiento a autoridades electas del municipio de San Juan Mazatlán, quienes, a pesar de contar con un fallo favorable dictado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no habían sido acreditadas por las autoridades estatales para comenzar su gobierno.
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| Jesús Romero López |
Durante las reuniones institucionales, Torres Castillo —señalada reiteradamente por carecer de la trayectoria y experiencia profesional requeridas para el desempeño del cargo pública que ostenta— recurrió al abuso de sus funciones para intimidar a otros funcionarios y representantes populares.
Lucía Yasmín Torres Castillo acusó a las autoridades municipales entrantes de mantener supuestos nexos con la delincuencia organizada sin pruebas a pesar de que se le pedía mostrarlas y dirigió comentarios intimidatorios contra la diputada federal, haciendo alusión directa a su entorno familiar.
Ademas Lucía Yasmín Torres Castillo mostraba un tono de burla con autoridades indígenas, siendo que la misma Lucía aparece en eventos vestida con ropa indígena, lo cual contrasta con lo que realmente hace.
Uno de los señalamientos más delicados proviene de mujeres de Santiago Choápam, quienes aseguran que, durante un conflicto dentro de las instalaciones del Palacio de Gobierno, Lucía Jazmín Torres Castillo habría arrebatado el teléfono celular a una autoridad municipal. Un episodio que, de confirmarse, evidenciaría el trato de confrontación hacia representantes de comunidades indígenas mostrando la falta de experiencia y poco profesionalismo.
Asimismo, autoridades de Santiago Choápam y San Juan Mazatlán Mixe han referido presuntas amenazas y presiones relacionadas con el manejo de recursos municipales. Según estos testimonios, se habría intentado condicionar la entrega y administración de recursos mediante acuerdos que contemplaban porcentajes de hasta el 50 por ciento. Incluso, señalan que el temor a represalias habría llevado a una autoridad municipal a aceptar dichas condiciones.
Cruz Jiménez alertó sobre la vulnerabilidad en que se encuentran quienes acompañan causas sociales y defienden los derechos de las comunidades indígenas en la entidad.
Asimismo, señaló que, ante la falta de garantías de protección por parte del gobierno local, solicitó la intervención de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, encabezada por Omar García Harfuch, a quien entregará grabaciones y elementos de prueba que respaldan su denuncia.