Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto Vázquez, “Beto Leyva”.
Las autoridades federales ubican al imputado dentro del círculo operativo más cercano a los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, mandos del Cártel de Sinaloa con presencia predominante en Sinaloa, Baja California y Durango.
La captura se concretó mediante una serie de órdenes de cateo otorgadas por un juez federal tras labores de gabinete e inteligencia desplegadas en diversos inmuebles de la zona fronteriza.
Para el éxito del despliegue se contó con el intercambio de información estratégica entre las instituciones de seguridad nacionales y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, país donde el detenido registra una orden de arresto vigente.
De acuerdo con el expediente ministerial y la información compartida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “Beto Leyva” fungía como el enlace principal para coordinar el tráfico masivo de personas desde el municipio de Tijuana hacia los pasos fronterizos de San Diego y San Ysidro, California.
La red criminal bajo su mando ejecutaba también la privación ilegal de la libertad de personas migrantes en la franja fronteriza. Los integrantes de la estructura exigían cobros de rescate y cuotas de extorsión a los familiares de las víctimas radicados en territorio estadounidense a cambio de concederles la liberación.
Asimismo, las indagatorias vinculan a José Alberto Vázquez con el manejo de negocios comerciales utilizados como fachadas para el lavado de activos del Cártel de Sinaloa, así como con la articulación de una red de acopio dedicada a la adquisición de armamento de alto poder y la introducción de vehículos robados procedentes de la Unión Americana.
El detenido fue remitido ante la autoridad judicial competente para determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos penales correspondientes.