Un conflicto familiar alteró el desarrollo de una ceremonia de graduación escolar en la ciudad de Tijuana, Baja California, luego de que elementos de la Policía Municipal ingresaran al plantel para intentar desalojar a Alejandra Gaxiola, expareja del boxeador profesional Jaime Munguía, con quien sostiene una disputa legal por la convivencia de sus dos hijos.
De acuerdo con los reportes e inconformidades presentadas por los asistentes, Gaxiola —quien señala ser víctima de violencia vicaria al no permitírsele ver a los menores desde el pasado mes de mayo— acudió a la institución educativa con la intención de presenciar el acto académico de su hija mayor. Sin embargo, la celebración escolar derivó en momentos de tensión tras la irrupción de las fuerzas del orden locales.
Testigos presenciales informaron que el pugilista Jaime Munguía arribó a las inmediaciones del centro escolar a bordo de un vehículo, permaneciendo en el interior de la unidad. Fue su representante legal, identificado por el apellido Baruch, quien descendió de la unidad y solicitó la intervención de las patrullas municipales bajo el argumento de que existía una supuesta medida de restricción que impedía a la madre acercarse a los menores.
Elementos de la Policía Municipal ingresaron al recinto con sus armas de cargo visibles, situación que provocó temor, llanto y crisis nerviosas entre los estudiantes, docentes y padres de familia que se encontraban en el auditorio. Familiares de Alejandra Gaxiola intervinieron de inmediato para frenar el desalojo, argumentando ante los oficiales que dicha orden de restricción carecía de validez jurídica, ya que un juez de control la había dejado previamente sin efectos. Al no existir un mandato judicial vigente, afirmaron que no había sustento legal para restringir el acceso de la madre al evento.
La presencia armada de los agentes preventivos en un entorno escolar generó el repudio generalizado de la comunidad de padres de familia, quienes manifestaron su indignación ante lo que calificaron como un operativo desproporcionado que afectó la integridad emocional de las niñas y niños presentes.
Asimismo, diversos asistentes expresaron de manera pública sus sospechas sobre un presunto abuso de poder, uso de influencias o trato preferencial en favor del deportista tijuanense debido a su estatus de figura pública, acusaciones que hasta el momento corresponden a testimonios vecinales y no han sido confirmadas de forma oficial por las autoridades de la sindicatura municipal o del sector educativo.
El incidente ha reavivado en la opinión pública local el debate sobre la actuación y los criterios de las corporaciones de seguridad pública al involucrarse en litigios de carácter civil y la necesidad de blindar los espacios escolares de conflictos entre particulares.