Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui, ambas integrantes activas del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron ejecutadas el pasado sábado en la colonia 18 de Marzo de Salamanca, Guanajuato.
La doble ejecución se registró mientras las víctimas se desplazaban en una motocicleta por la intersección de las calles Durango y Estado de México.
Madre e hija se sumaron a las labores de búsqueda a principios de 2024 tras la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo de Patricia y hermano de Katia. Aunque localizaron el cuerpo de su familiar sin vida el 8 de marzo de ese mismo año, ambas decidieron permanecer activas en el colectivo para apoyar a otras familias en la misma situación.
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Minutos antes de las 14:00 horas, sujetos armados interceptaron a las buscadoras y dispararon de manera directa. Pese a que los vecinos alertaron rápidamente a los cuerpos de emergencia, Patricia y Katia ya no presentaban signos vitales al momento de su arribo.
La agresión ocurrió apenas unas horas antes de una protesta programada frente a la presidencia municipal de Salamanca, donde el colectivo pretendía visibilizar que este 10 de mayo miles de mujeres no tienen motivos para festejar debido a la desaparición de sus hijos. Ana Lilia Tapia, vocera del colectivo, señaló que el crimen generó un ambiente de pánico que inhibió la participación en el acto conmemorativo.
"Nos hacen sentir inseguridad; el golpe fue muy fuerte y algunas compañeras no vinieron porque sus familias, por temor, no se los permitieron. Incluso nos pidieron suspender la movilización", compartió Tapia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la identidad de las víctimas y su pertenencia al colectivo, asegurando que la investigación se conduce bajo protocolos de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Agentes de investigación criminal y peritos trabajan en el análisis de inteligencia operativa para dar con los responsables.
Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente exigiendo:
- Una investigación pronta y diligente sobre el doble feminicidio.
- Garantías de protección inmediata para los familiares de las víctimas y para el resto de los integrantes del colectivo.
- Seguridad para las personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
El asesinato de Patricia y Katia se suma a una serie de ataques sistemáticos contra el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. La organización aún exige justicia por el caso de Cecilia García, quien fue hallada sin vida en marzo pasado tras ser privada de la libertad, y continúa la búsqueda de Lorenza Cano, compañera desaparecida desde enero de 2024. Estos eventos subrayan el riesgo extremo que enfrentan las madres buscadoras en Guanajuato, quienes se han convertido en blancos de la violencia que intentan esclarecer.