Los pobladores de las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuetlán, en la Montaña Baja de Guerrero, están siendo masacrados por el grupo delictivo "Los Ardillos", lo que ha provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias. Jesús Plácido Valerio, líder regional, denunció que la violencia no cesa y que los agresores han integrado el uso de drones con explosivos para atacar a la población civil.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) responsabilizó directamente a los tres niveles de gobierno por una colusión con el grupo criminal. Según la organización, efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y ministerial se retiraron de la zona justo cuando iniciaron las masacres, dejando a los pueblos en total desprotección.
El Cipog-EZ detalló que el pasado 6 de mayo, en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, fueron asesinados cuatro hombres identificados como Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario. Las víctimas, originarias de Tula, se desempeñaban como albañiles y eran integrantes del sistema de justicia comunitario de los Pueblos Fundadores.
“Nuestros compañeros llegaron por la mañana a realizar su trabajo de construcción cuando hombres armados en una camioneta blanca blindada abrieron fuego contra ellos. Eran defensores de la tierra y del territorio”, narró el consejo indígena.
La organización destacó que el crimen muestra un patrón de persecución, pues en 2022 ya había sido asesinado Guillermo Hilario Morales, promotor del Cipog-EZ y familiar de dos de los hoy fallecidos. Asimismo, señalaron que los agresores pasaron frente a un cuartel del Ejército ubicado en el crucero del Jagüey antes y después de cometer los homicidios, sin que los militares intervinieran.
A pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera de hoy que ya estaban en la zona dando seguridad, justamente en ese momento los mugrosos de Los Ardillos estaban atacando con bombas arrojadas desde drones, los refugios a donde llegaron los desplazados en la comunidad de Alcozacán.
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Periodo de agresión: Los ataques con armas de alto calibre y explosivos aéreos se han mantenido desde el miércoles 6 de mayo de 2026.
Ausencia de autoridad: La organización denuncia que el Ejército no ha llegado a Alcozacán para frenar la ofensiva.
El consejo indígena denunció que la impunidad de la que gozan "Los Ardillos" se debe a una red de protección política en Guerrero. Mencionaron la relación familiar entre liderazgos del grupo y figuras del ámbito legislativo, así como el polémico video donde la exalcaldesa de Chilpancingo fue captada en una reunión con Celso Ortega, líder de la agrupación.
“La omisión y complicidad del gobierno es evidente. Dicen que garantizan la seguridad, pero los ataques continúan frente a sus ojos”, sentenció el comunicado, subrayando que la violencia ha evolucionado hacia la tortura y desapariciones de quienes defienden la autonomía de los pueblos indígenas en la región.
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