Un juez de control determinó la puesta en libertad de Aurora Rose una joven de 22 años y nacionalidad estadounidense, quien fuera detenida el pasado 28 de abril tras apuñalar y matar a su novio en un departamento de la Colonia Calete de Tijuana.
La resolución judicial se basó en la aplicación de la perspectiva de género y el reconocimiento de la legítima defensa, en el marco de la normativa vigente en Baja California.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 27 de abril en el edificio Adamant, ubicado en la Zona Centro de Tijuana. Alrededor de las 17:40 horas, las autoridades acudieron al inmueble tras un reporte de amenazas. Sin embargo, la intervención se vio retrasada por varios minutos debido a las restricciones de acceso impuestas por la administración del edificio.
Una vez dentro, los elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja hallaron a Brayan Alexander Roldán Espino de 30 años, con una herida punzocortante en el cuello y hombro. Pese a las maniobras de reanimación, la víctima falleció en el sitio.
Durante la audiencia, la defensa de Aurora Rose expuso ante el juez Jorge Alberto Aranda Díaz que la joven actuó para salvaguardar su integridad. Según el testimonio, la pareja se encontraba bajo el influjo de alcohol y drogas cuando se desató una riña física. La defensa argumentó que el uso del arma blanca fue una respuesta ante la agresión violenta de la que estaba siendo objeto la mujer.
Este fallo se sustenta en la denominada “Ley Alina”, una reforma al Código Penal del Estado aprobada por el Congreso de Baja California en agosto de 2023. Dicha ley, impulsada por el caso de la exoficial Alina Narcizo, establece que las autoridades deben considerar la legítima defensa cuando una mujer lesiona o priva de la vida a un agresor en un contexto de violencia de género, reconociendo el estado psicológico y emocional alterado derivado del riesgo inminente hacia su vida.
Con esta resolución, el caso de Aurora Rose se suma a los precedentes legales en la entidad donde se reconoce la vulnerabilidad de las víctimas de violencia doméstica, permitiendo que la justicia analice los actos de defensa propia más allá de la literalidad del delito de homicidio tradicional.