Un incidente ocurrido el pasado 5 de mayo en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ha desatado una intensa controversia tras la muerte de un joven de 25 años a manos de un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El suceso, registrado en la intersección de las calles Palma Norte y Libertad, quedó documentado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales como en X.
El video muestra que el conflicto inició con una disputa verbal entre dos mujeres que escaló a las agresiones físicas.
El oficial presente intervino para separarlas, momento en el que un grupo de hombres salió de una unidad habitacional. Uno de ellos arremetió contra el uniformado, propinándole dos golpes en el rostro. En respuesta inmediata, el policía desenfundó su arma de cargo y disparó contra el agresor, quien falleció en el lugar tras ser valorado por paramédicos.
La SSC informó que el agente fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa. Según el reporte oficial, el oficial accionó su arma al percibir que el sujeto llevaba su mano a la cintura, interpretando un riesgo inminente para su integridad.
Aunque inicialmente no se confirmó si el civil estaba armado, nuevas evidencias sugieren que, tras el disparo, un cómplice se acercó al cuerpo para retirar un objeto —presuntamente una pistola— y huir del sitio.
El fallecido fue identificado extraoficialmente como Roberto Alanís, "El Soldado", integrante del grupo criminal "La Anti-Unión", quien contaba con antecedentes penales, incluyendo una detención previa por agredir a otro oficial.
Por otro lado, una mujer que se identificó como la madre de la víctima ofreció una versión distinta a medios de comunicación. Denunció que el policía disparó de forma desproporcionada tras un simple empujón y acusó a los elementos de seguridad de impedir que vecinos le brindaran primeros auxilios, señalando que "lo dejaron morir".
El caso ha polarizado la opinión pública. Mientras algunos sectores defienden el uso de la fuerza ante una agresión directa en una zona de alta peligrosidad, otros denuncian un posible exceso de la fuerza pública. Las autoridades ministeriales continuarán con los peritajes para determinar si el actuar del oficial se ajustó a los protocolos de legítima defensa o si existió un abuso de autoridad.