Un juez federal emitió un mandato judicial que obliga a las autoridades penitenciarias a brindar atención médica inmediata a Héctor Palma Salazar, conocido como "El Güero Palma", quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, "El Altiplano". La resolución surge tras las denuncias del interno sobre presuntas omisiones y falta de servicio sanitario dentro del penal.
El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez concedió una suspensión de oficio a favor de Palma Salazar, derivado de un juicio de amparo. Con esta medida, se busca garantizar que el centro de reclusión proporcione las consultas, tratamientos y medicamentos necesarios para estabilizar el estado clínico del que fuera uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la solicitud legal presentada por su defensa, el estado de salud de Palma Salazar es delicado debido a diversos padecimientos crónicos que han mermado su calidad de vida en prisión:
- Problemas de columna: Presenta tres hernias discales que han afectado el nervio ciático, provocándole dolores intensos en la espalda, el pecho y las extremidades, lo que incluso le dificulta la respiración y le genera insomnio.
- Antecedentes oncológicos: Padece secuelas de cáncer de piel, condición que requiere monitoreo especializado en la Ciudad de México. Según el interno, hace aproximadamente dos años que no es trasladado para sus controles periódicos.
A pesar de que en mayo de 2023 fue absuelto del delito de delincuencia organizada, "El Güero Palma" no ha recuperado su libertad. Actualmente, enfrenta un proceso penal abierto por el delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de Pablo de Tavira, quien fuera el fundador del penal donde hoy Palma Salazar se encuentra recluido.
Esta orden judicial pone bajo la lupa la administración del servicio médico en el Altiplano, obligando a las autoridades a informar sobre el cumplimiento de los tratamientos médicos requeridos. Por ahora, el proceso jurídico por homicidio continúa su curso, mientras la autoridad judicial prioriza el derecho a la salud del interno para evitar un deterioro irreversible de su condición física.