En un operativo de alto impacto que pone al descubierto la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de Michoacán, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la SSPC logró la captura de cinco funcionarios clave del ayuntamiento de Chavinda. La intervención federal apunta a una alianza operativa entre el gobierno local y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El despliegue, ejecutado bajo un estricto protocolo de seguridad, tuvo como objetivo central a Ana Laura Covarrubias Ramos, de 31 años, quien se desempeñaba como síndica municipal y era considerada un objetivo prioritario para las áreas de inteligencia federal. Junto a ella, fueron aprehendidos tres integrantes del cuerpo de regidores y directivos de la seguridad pública:
- Jesús Vega Ayala (29 años): Regidor de Educación, Cultura y Turismo.
- Paulo César Alejandre Cárdenas (34 años): Regidor de Desarrollo Económico.
- Juan Carlos Jacobo García (47 años): Director de Seguridad Pública Municipal.
- César Adrián Olmos Sánchez (38 años): Subdirector de Seguridad Pública.
Lo que agrava la situación jurídica de los detenidos es el hallazgo de material bélico y equipo táctico que los vincula directamente con los Sicarios de la organización jalisciense. Durante la inspección, las autoridades aseguraron dos fusiles de asalto, una pistola, siete cargadores y más de 200 cartuchos útiles.
Entre las evidencias más contundentes destaca el aseguramiento de un chaleco táctico con las siglas del CJNG, pierneras y parches de identidad criminal. Además, se localizaron siete envoltorios de una sustancia con características de la cocaína, lo que suma el delito de narcomenudeo a las indagatorias.
Un punto crítico de la investigación es el aseguramiento de una camioneta Ford F-150 rotulada oficialmente como patrulla de la Policía Municipal de Chavinda (placas MC-480-B1). Las autoridades federales indagan si los recursos públicos, incluyendo vehículos y armamento oficial, eran utilizados por los ahora detenidos para facilitar las operaciones logísticas y de protección a los Sicarios del grupo criminal en la región.
Este golpe estratégico ocurre en un contexto de creciente presión del Gobierno Federal para desarticular las redes de "narcopolítica" en Michoacán. Los cinco funcionarios fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser puestos a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación legal por delitos que incluyen delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.