El cantante de corridos tumbados Junior H se encuentra formalmente bajo investigación en Jalisco tras interpretar el polémico tema “El Azul” durante su presentación del 28 de octubre en el palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por apología del delito, el artista, identificado legalmente como Antonio, acudió el martes 11 de noviembre a rendir declaración ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.
La canción “El Azul” hace referencia explícita a Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, un reconocido líder del Cártel de Sinaloa, este contenido, ligado al crimen organizado, activó las alarmas de las autoridades debido a la estricta prohibición de narcocorridos que rige en Jalisco.
El gobernador Pablo Lemus ya había advertido públicamente sobre las consecuencias: “No se puede volver a presentar. Aquí en Jalisco acuérdense que el que la hace, la paga”.
La prohibición fue motivada por incidentes previos, como la proyección de imágenes de “El Mencho” en otro concierto, y cuenta con el respaldo del Congreso local.
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, incluso adelantó hace semanas que, independientemente de la investigación penal, Junior H podría enfrentar una multa de 33 mil pesos por su actuación.
La Fiscalía aclaró que el caso se está integrando con base en el Artículo 142 del Código Penal de Jalisco, que estipula: “se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare”.
La institución puntualizó que la carpeta de investigación continúa su curso y será judicializada solo en caso de reunir los elementos suficientes.
La FGE también difundió en sus redes sociales una fotografía y un video del artista transitando por sus instalaciones.
La controversia generada por este caso reaviva el debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión artística y las políticas públicas destinadas a no normalizar la violencia en estados fuertemente golpeados por el crimen organizado.