El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 105 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta modificación legal permitirá a funcionarios de instituciones estratégicas del país portar armas para cumplir sus funciones de seguridad, siempre y cuando acrediten dicha necesidad.
Entre las instituciones contempladas se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico).
La reforma también establece que está permitida la posesión de armas de fuego para ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo en sus domicilios. Estos podrán poseer un rifle calibre .22’’ o una escopeta de cualquier calibre para su “legítima defensa”, siempre y cuando acrediten de manera clara su actividad en el sector rural. Esta disposición busca brindar seguridad a los trabajadores del campo en sus propiedades.
Otro punto relevante de la reforma es la prohibición a personas ajenas a las Fuerzas Armadas la posesión, portación y uso de las armas, cargadores, municiones, materiales, accesorios, ingenios o vehículos blindados previstos en el artículo anterior. La reforma también prohíbe la posesión de vehículos particulares modificados con cualquier tipo de blindaje y adaptados para el uso de armamento por personas no autorizadas.
Además, la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fija que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) deberán realizar campañas educativas de información sobre materiales explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias químicas relacionadas. Estas campañas buscarán concientizar a la población sobre los riesgos inherentes a su manipulación y fomentar la prevención de accidentes.
Una vez aprobada por el Senado, la iniciativa fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su promulgación y posterior entrada en vigor.
Durante el debate en el Pleno, únicamente la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Maki Esther Ortiz Domínguez, hizo uso de la palabra para argumentar a favor de la reforma. La legisladora afirmó que la modificación legal es esencial porque reafirma el carácter de orden público e interés social de la ley.
"Reforzar el control del Estado sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas es importante. Actualizar la clasificación de armamento y accesorios conforme a las necesidades actuales, definir con mayor claridad las condiciones para la posesión y portación de armas, reestructurar las facultades de las autoridades competentes, así como establecer como obligación de los tres órdenes de gobierno la realización de campañas permanentes de desarme y fomento a la cultura de la paz es muy importante para el país", expresó la senadora Ortiz Domínguez.
Por su parte, los legisladores del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo y la senadora Juanita Guerra Mena, así como la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano (MC), solicitaron que su participación en el debate fuera integrada al Diario de los Debates del Senado de la República.
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