El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue capturado por elementos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) en coordinación con el FBI en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia, acusado por autoridades de Estados Unidos de haber recibido un soborno de dos millones de dólares para liberar a Andrew Clark, segundo al mando de una red de narcotráfico internacional asociada al Cártel de Sinaloa.
La detención del juzgador ocurrió cuando pretendía abordar un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Tras la aprehensión, el Departamento de Justicia estadounidense formalizó la solicitud de extradición contra Benítez Alcántara, quien enfrenta nueve cargos federales por auxilio posterior a la comisión de delitos (accessory after the fact).
En respuesta a la detención, el Tribunal de Disciplina Judicial en México abrió una investigación de oficio, reconociendo que no contaba con registros previos sobre los hechos señalados por Washington, independientemente de cuatro expedientes administrativos que ya mantenía abiertos contra el juzgador por otras causas.
Las investigaciones de la fiscalía estadounidense establecen que Andrew Clark, alias “The Dictator”, fungía como el principal operador táctico y segundo al mando de la estructura liderada por Ryan James Wedding, el exatleta olímpico canadiense que mantenía alianzas directas con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Canadá.
Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 bajo un proceso de extradición que quedó adscrito al juzgado de Benítez Alcántara. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, la red criminal canalizó 2.75 millones de dólares a través de intermediarios; de esa cifra, dos millones de dólares fueron entregados en efectivo al juez, quien el 24 de febrero de 2025 decretó la libertad bajo fianza del canadiense. Días después de su salida, Clark fue recapturado y extraditado a territorio norteamericano.
Documentos judiciales revelan la peligrosidad de la organización criminal, a la cual se le atribuye además la ejecución de un testigo protegido del gobierno estadounidense, asesinado a balazos en enero de 2025 en un restaurante de Medellín, Colombia.
Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. mantenía identificado a Edgar Aarón alias “El General”, como la red de contención institucional que brindaba protección y datos de inteligencia policial a Wedding en territorio nacional.
La defensa legal de Benítez Alcántara rechazó los cargos y solicitó que cualquier procedimiento penal contra el juzgador sea tramitado ante las instancias judiciales de México.