Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado y corporaciones locales, detuvieron a Samuel de la Cruz Anaya “El Panda”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona sur del estado de Veracruz.
La aprehensión ocurrió a las 13:05 horas del pasado martes 3 de noviembre durante un operativo en la colonia Estero del Pantano, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
El Registro Nacional de Detenciones (RND) situó la intervención sobre la calle General Anaya, frente a una agencia automotriz.
A "El Panda" se le notificó una orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para su posterior traslado e ingreso a los juzgados del municipio de Xalapa, Veracruz.
Labores de inteligencia naval e investigaciones iniciadas en enero de 2026 a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, permitieron ubicar el radio de acción de "El Panda".
Ese mismo mes, las fuerzas de seguridad desmantelaron una casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, Veracruz, donde capturaron a un sujeto apodado “Sparta”, cuya información consolidó la identificación de Samuel de la Cruz Anaya como mando operativo del CJNG.
Las investigaciones señalan a "El Panda" como líder de una red responsable de secuestros, extorsiones, cobro de piso, narcomenudeo y comercialización ilícita de hidrocarburo en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, todos en el estado de Veracruz. Durante la detención efectuada en Coatzacoalcos, Veracruz, las autoridades aseguraron un vehículo sedán marca Mazda 3, color blanco, con placas de la entidad.
La captura se enmarca dentro de la "Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos", despliegue operativo desplegado en la región sur del estado de Veracruz que contabiliza 163 detenciones —103 de ellas correspondientes a integrantes de agrupaciones criminales— con un impacto financiero estimado en 40 millones de pesos a las estructuras delictivas.