Una ola de violencia que dejó 12 asesinatos en menos de 48 horas dentro del Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán, forzó al Gobierno federal a anunciar la construcción de un nuevo reclusorio en Sinaloa para frenar el colapso del sistema carcelario en la entidad.
El anuncio fue realizado la mañana de este sábado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que, por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la obra se ejecutará con recursos federales, infraestructura de alta seguridad y bajo la coordinación directa del Gobierno de México.
La medida se tomó en respuesta a los sangrientos choques armados entre facciones rivales ocurridos los días jueves 8 y viernes 9 de octubre dentro del penal mazatleco.
La primera incursión armada se registró el jueves y dejó un saldo de 10 personas muertas—entre ellas un niño de dos años que se encontraba en el área de visitas— y 16 heridos. Sin embargo, apenas 24 horas después, un segundo enfrentamiento entre internos cobró la vida de otros dos reclusos, elevando la cifra total a 12 muertos y evidenciando el nulo control de los custodios estatales sobre la población penitenciaria.
Las primeras investigaciones vinculan las masacres dentro del reclusorio con la guerra abierta entre las células criminales de La Mayiza y La Chapiza, organizaciones delictivas que han trasladado su disputa por el control territorial de Sinaloa al interior de las galerías y módulos del penal.
De manera inmediata, fuerzas de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) tomaron el control de las instalaciones para realizar un despliegue operativo, requisas de armamento y el reforzamiento de la vigilancia perimetral.
García Harfuch detalló que la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ofreció la aportación de los predios para el nuevo complejo carcelario. No obstante, las autoridades federales aún no han precisado el monto de la inversión económica, la ubicación exacta ni las fechas del inicio de la obra, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) integra las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades sobre la omisión de las autoridades penitenciarias y el tráfico de armas e insumos balísticos al interior de la prisión.