El ciudadano Luis Corona Wong denunció públicamente ser víctima de reiteradas agresiones físicas, incursiones violentas a su domicilio, acoso laboral y persecución vehicular cometidos por su expareja sentimental, identificada como Laura Reyes en Mexicali, Baja California.
A pesar de contar con grabaciones de cámaras de videovigilancia, testimoniales de testigos presenciales y detenciones en flagrancia por parte de las corporaciones policiales, la señalada continúa en libertad sin que se hayan dictado medidas cautelares de protección para salvaguardar su integridad física.
De acuerdo con el testimonio documentado por el afectado, el primer hecho de violencia se registró el pasado 22 de julio del presente año.
En esa fecha, la mujer ingresó por la fuerza al fraccionamiento residencial donde habita el denunciante tras embestir con un vehículo la pluma de control de acceso vehicular.
Posteriormente, la agresora utilizó un bloque de concreto para destruir la puerta principal de la vivienda e ingresar al inmueble, pese a que elementos de seguridad atendieron el reporte y realizaron la detención inicial de la imputada, esta fue puesta en libertad a las pocas horas por las autoridades ministeriales.
Un mes después de la irrupción domiciliaria, Laura Reyes se presentó en el centro de trabajo de Corona Wong, en el lugar, la mujer estrelló un ventanal de cristal del establecimiento para encararlo y agredirlo físicamente en presencia de trabajadores y clientes que presenciaron el ataque.
El caso más reciente se suscitó el pasado 4 de octubre, fecha en que el afectado celebraba su cumpleaños, Reyes acudió nuevamente a la residencia de la víctima, donde dejó una nota con amenazas y permaneció en guardia a las afueras del lugar.
Al momento en que Corona Wong salió a bordo de su automóvil, la mujer inició una persecución sobre la vía pública a bordo de una camioneta hasta chocar de manera intencional contra el vehículo del afectado.
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A pesar de que las corporaciones policiales intervinieron y aseguraron a la agresora tanto en la irrupción del 22 de julio como en la persecución vehicular del 4 de octubre, el Ministerio Público determinó su liberación en ambas ocasiones, omitiendo la imposición de prisión preventiva o brazalete electrónico para evitar nuevas agresiones.
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Ante la falta de avance en las carpetas de investigación y la negativa de la representación social para valorar el riesgo en el que se encuentra, la víctima cuestionó la imparcialidad del sistema de impartición de justicia penal:
“¿Qué va a pasar en el cuarto incidente? Si yo hubiera sido el agresor, ¿estaría libre como ella está libre hoy?”
Colectivos y juristas han señalado la necesidad de que las autoridades ministeriales investiguen con rigor técnico los delitos de violencia familiar, daño en propiedad ajena, lesiones y acoso sin distinción de género, garantizando la aplicación de medidas de protección efectivas antes de que las agresiones escalen a consecuencias fatales.
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