Un niño de apenas dos años de edad falleció el pasado viernes a consecuencia de las severas lesiones producidas por agresiones físicas y abusos sexuales sufridos en la comunidad de El Jagüey, perteneciente al municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo.
De acuerdo con las investigaciones radicadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), los hechos violentos habrían ocurrido el pasado 17 de octubre de 2026.
Dos días después, el 19 de octubre, el menor fue ingresado de emergencia al Hospital Regional de Taxhadó, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, donde el personal médico diagnosticó daños graves en su salud que le derivaron en un estado de coma y, posteriormente, en muerte cerebral, las causas precisas del deceso serán confirmadas de manera oficial mediante el dictamen de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense.
Ante la condición crítica con la que ingresó la víctima, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Ixmiquilpan activó los protocolos correspondientes para brindarle atención inicial.
En el seguimiento al caso intervino un equipo multidisciplinario integrado por personal de trabajo social, áreas jurídicas, pedagógicas y psicológicas, cuya valoración técnica derivó en la presentación de la denuncia formal ante el Ministerio Público.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Emanuel Hernández Pascual, calificó el crimen como uno de los sucesos más complejos y difíciles que ha afrontado la administración local.
El edil detalló que el menor presentaba evidencias de abuso sexual e indicios de mutilaciones, razón por la cual las autoridades municipales optaron por mantener bajo reserva la información inicial para no entorpecer los actos de investigación.
Asimismo, Hernández Pascual señaló que el consumo de sustancias ilícitas podría estar vinculado al entorno del crimen, advirtiendo sobre la preocupante incidencia de adicciones, violencia contra las mujeres y abuso infantil en la región del Valle del Mezquital.
Como resultado de las indagatorias ministeriales, la PGJEH obtuvo la vinculación a proceso en contra de Mirari Matzin, madre del niño y de su pareja Miguel Ángel.
Ambos sujetos fueron detenidos inicialmente por corporaciones policiales al incurrir en una falta administrativa, situación que permitió a los agentes de la Policía Investigadora dar cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra.
A los imputados se les atribuye la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso calificado agravado, violación equiparada agravada y violencia familiar equiparada agravada. Actualmente, ambos procesados permanecen recluidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan, en tanto las autoridades judiciales determinan el plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Este caso de violencia extrema contra menores de edad se suma a los constantes episodios de inseguridad y delitos del orden común que impactan a diversas regiones del centro del país, tales como los robos con violencia, agresiones e incursiones delictivas registradas en tramos carreteros del Estado de México y Puebla, donde las fuerzas de seguridad han intensificado sus operativos de contención y patrullaje.