Cuatro servidores públicos en activo y un exfuncionario adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán fueron aprehendidos por su implicación en la alteración de expedientes oficiales y la simulación del fallecimiento de una persona con el objetivo de cobrar una póliza de seguro de vida millonaria.
Las investigaciones ministeriales determinaron que los imputados fabricaron e integraron documentación falsa dentro de una carpeta de investigación por un supuesto homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito.
A través de dichos peritajes y actuaciones alteradas, el grupo hizo constar el deceso de un individuo que continuaba con vida.
La empresa aseguradora afectada liquidó un primer pago por una cifra elevada de dinero; sin embargo, al realizar una auditoría interna en las actuaciones del expediente legal, los representantes de la firma detectaron inconsistencias operativas y promovieron la denuncia correspondiente ante las autoridades e instituciones del estado.
El despliegue operativo para cumplimentar las órdenes de aprehensión fue ejecutado de manera coordinada entre la FGE, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.
Los mandamientos judiciales, librados por un Juez de Control de la región de La Piedad, se concretaron de forma simultánea en los municipios de Puruándiro, Lázaro Cárdenas y Morelia, así como en el estado de Guanajuato, donde se logró la detención del exservidor público en colaboración con las autoridades ministeriales de esa entidad federativa.
Los detenidos fueron identificados como:
- Edilberto "N": Agente del Ministerio Público.
- J. Jesús "N": Perito criminalista.
- Oscar David "N": Perito médico forense.
- Arturo "N": Agente de la Policía de Investigación.
- Diego "N": Perito químico y exservidor público de la dependencia.
Los cinco imputados quedaron a disposición del órgano jurisdiccional competente para definir su situación jurídica por su probable responsabilidad en los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.