En el marco de la "Estrategia Nacional contra la Extorsión", personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con fuerzas federales, desarticuló una red delictiva dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad de políticos, funcionarios y empresarios.
Durante la intervención operativa, realizada en un inmueble del fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, las autoridades detuvieron a cinco integrantes de la organización. Entre los detenidos figura Luis Manuel quien se desempeñó como tesorero general y secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán de Fausto Vallejo entre 2012 y 2013.
Junto al exservidor público fueron detenidos su esposa Liliana, sus hijos Luis Samuel y Aimee de Guadalupe, así como su escolta personal Agustín Arturo. Todos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
 |
| . |
La investigación ministerial establece que Luis Manuel aprovechó los contactos y la información privilegiada recabada durante su paso por la administración pública para ubicar y engañar a objetivos con alto poder adquisitivo o capacidad de decisión en el sector público y privado.
Para consumar los fraudes y la exigencia de recursos, el grupo empleaba un esquema de suplantación técnica que combinaba las siguientes modalidades:
- Suplantación telefónica y mensajes directos presentándose como secretarios o asistentes de mandos gubernamentales
- Uso de perfiles falsos con logotipos, fotografías e identificadores oficiales de dependencias estatales y organizaciones políticas
- Implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la clonación de voz y generación de conversaciones simuladas entre altos funcionarios
- Solicitudes de depósitos para supuestas "operaciones políticas", agilización de pagos a proveedores o la adjudicación directa de contratos públicos
En una de las indagatorias integradas en el expediente, la célula delictiva intentó defraudar a directivos de una empresa proveedora de tecnología para documentos de identidad de alta seguridad a cambio de la asignación de un contrato gubernamental.
Durante el cateo a la residencia utilizada como centro de operaciones, los agentes ministeriales aseguraron vehículos de alta gama, 19 teléfonos celulares de gama alta y múltiples tarjetas SIM, cuyos números coinciden con las denuncias de extorsión presentadas por las víctimas.
Debido a que el exfuncionario estatal contaba con antecedentes y alertas en el sistema bancario mexicano, los cobros exigidos se realizaban en efectivo. Posteriormente, la red bancarizaba los recursos de procedencia ilícita mediante una empresa de arquitectura y construcción registrada a nombre de su hija, fondos utilizados para la adquisición de propiedades de lujo y automóviles deportivos.
El 6 de octubre de 2026, un juez de control del Estado de México vinculó a proceso a los cinco implicados por el delito de extorsión, dictándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras concluye la investigación complementaria.