Un cruento enfrentamiento entre internos en donde participaron miembros de La Chapiza registrado la mañana de este jueves 8 de octubre de 2026 al interior del Centro Penitenciario de Goros II, mejor conocido como el penal de El Castillo, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo confirmado de 10 muertos—entre ellas un menor de edad que fue de visita— y 16 heridos.
La confrontación armada se desencadenó cuando los internos se disputaron de forma violenta el control operativo e interno de los módulos del reclusorio. El estruendo de ráfagas de arma de fuego al interior del penal encendió las alarmas de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno durante las primeras horas de la mañana.
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Ante la emergencia, el Grupo Interinstitucional —conformado por la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina— desplegó un operativo de contención e incursión para retomar el mando del recinto.
Las inmediaciones del inmueble fueron blindadas por las fuerzas federales y estatales, bloqueando los accesos principales mientras las unidades tácticas ingresaban a los patios y pasillos para someter a los amotinados.
Tras lograr la estabilización de los módulos, las autoridades confirmaron el fallecimiento de nueve internos y de un menor de edad que se encontraba en el área de convivencia familiar al momento en que estalló la balacera.
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Uno de los muertos es Eduardo Jonathan Martínez Larios, “El Owen” operador de La Chapiza, incluso circulan en redes sociales las imágenes de su cuerpo, versiones extraoficiales hablan de que el pleito fue entre internos de la misma facción aunque esto no esta confirmado.
Asimismo, socorristas y personal médico brindaron atención prehospitalaria y traslado de urgencia a 16 reclusos que resultaron con heridas de diversa consideración.
A las afueras del centro penitenciario, decenas de familiares de los reclusos se aglomeraron para exigir información oficial sobre el estado de salud e identidad de las víctimas. Como medida de seguridad inmediata, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa ordenó la suspensión indefinida de las visitas familiares con el propósito de garantizar la integridad del personal administrativo, visitantes y la propia población penitenciaria.
Por estos hechos, la SSP de Sinaloa dio intervención inmediata a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos peritos y agentes de investigación ingresaron al centro penitenciario para realizar el procesamiento de las áreas donde ocurrieron los choques armados, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los cuerpos.
Las autoridades estatales aseveraron que la población carcelaria restante se encuentra resguardada y que el penal permanece bajo el control estricto de las fuerzas de seguridad para evitar nuevos brotes de violencia.