La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ejecutó una orden de aprehensión contra siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez, investigados por su participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio en perjuicio de José Ángel López Girón de 37 años de edad.
La detención de los Policías se concretó durante una diligencia de cateo efectuada en las instalaciones de la corporación municipal, donde participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal. Durante el despliegue técnico y operativo, las autoridades aseguraron además dos patrullas oficiales adscritas a la Policía Municipal.
De acuerdo con las indagatorias de la representación social, los hechos iniciaron a las 16:00 horas del viernes 11 de septiembre de 2026. José Ángel López Girón se desplazaba junto a sus familiares sobre el bulevar principal de Coyuca de Benítez cuando fueron interceptados en un punto de control instalado por los agentes locales. La víctima y su familia, originarias de la comunidad de La Laguna, municipio de Tecpan de Galeana, transitaban por la carretera costera al momento de la intervención.
Los agentes preventivos obligaron a López Girón a descender de la unidad y lo trasladaron a los cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; sin embargo, no lo pusieron a disposición del Ministerio Público ni registraron su ingreso oficial.
Tras perder comunicación con la víctima, su esposa, Yannith Cristal, acudió a la sede policial para requerir información sobre el paradero de su cónyuge, donde fue amenazada por personal de la corporación para que se retirara del sitio. De forma paralela, los familiares acudieron a las agencias del Ministerio Público en Coyuca de Benítez y ante la FGE, instituciones donde se les notificó que no existía registro alguno de la detención.
La tarde del domingo 13 de septiembre de 2026, el cuerpo sin vida de López Girón fue localizado a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la localidad El Papayo, dentro del municipio de Coyuca de Benítez.
Peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) procesaron el lugar del hallazgo, registrando que el cuerpo presentaba huellas de tortura, así como dos impactos de bala en la cabeza, correspondientes a armamento de grueso calibre. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde familiares realizaron la identificación formal.
A raíz del hallazgo, los deudos ratificaron la denuncia ante la FGE para formalizar la investigación penal contra los elementos operativos presentes en el punto de control del 11 de septiembre, así como para deslindar la responsabilidad administrativa y legal de los mandos directivos de la corporación y del presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz.
Las pruebas recabadas permitieron integrar la carpeta de investigación y obtener los mandamientos judiciales otorgados por un Juez de Control. Los siete policías municipales fueron trasladados e ingresados al centro penitenciario correspondiente, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional para la audiencia inicial que definirá su situación jurídica.
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