En una acción conjunta enmarcada en el "Operativo Enjambre", efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca y la Policía Estatal cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Miguel Sánchez Altamirano, conocido como Quetu, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y Alberto de la Paz López, conocido como La Parca.
A ambos detenidos se les imputan los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, tras ser señalados por las investigaciones de la representación social de utilizar la estructura del ayuntamiento para brindar cobertura operativa, política y financiera a la célula delictiva Los Cromos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Reportes de inteligencia institucional establecen que Sánchez Altamirano ponía la infraestructura del Centro de Control y Comando (C2) municipal al servicio de la organización delictiva, alertando de forma sistemática a los generadores de violencia sobre los desplazamientos y despliegues de las corporaciones estatales y federales en la región.
Asimismo, al edil se le atribuye la coordinación del cobro de piso y extorsión a establecimientos comerciales y cadenas empresariales en Juchitán, el financiamiento para la adquisición de armamento de alto poder destinado al grupo criminal y la articulación de una red institucional para el tráfico ilegal de personas migrantes mediante el uso de inmuebles habilitados como casas de seguridad.
Por su parte, las pesquisas ubican a De la Paz López como el operador financiero y táctico encargado de instrumentar la red local de mototaxis para actividades de narcomenudeo, ejecuciones y cobro de cuotas a migrantes en tránsito.
De igual forma, encabezaba movilizaciones sociales y bloqueos para presionar a las instituciones de justicia tras la captura de integrantes de la referida célula.
De manera paralela a las aprehensiones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias vinculadas a los imputados con el objetivo de desarticular el flujo de recursos de la red delictiva, la cual mantiene disputas por el control del tráfico de personas y la extorsión en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Fuerzas federales y estatales mantienen un despliegue operativo permanente en la zona para resguardar el orden público y la gobernabilidad.