Emilio Valdez Mainero de 62 años de edad e identificado en la década de los noventa como uno de los líderes del brazo armado del Cártel de los Arellano Félix (CAF), fue reportado como desaparecido ante las autoridades ministeriales en Tijuana, Baja California, tras perderse todo contacto con él desde el pasado viernes.
De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Unidad de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Valdez Mainero fue visto por última vez la tarde del 28 de agosto en un establecimiento alimenticio de la Zona Río y, posteriormente, en las inmediaciones del Estadio Caliente al finalizar el encuentro deportivo entre Xolos y Pumas. Ante la falta de retorno a su domicilio y la imposibilidad de entablar comunicación telefónica, familiares acudieron a la representación social para solicitar la emisión de la pesquisa formal de búsqueda.
Apodado en su momento como “El CP”, Valdez Mainero integró la estructura delictiva denominada por agencias de seguridad como los “narcojuniors”.
Dicha célula estaba conformada por jóvenes provenientes de familias de alto poder adquisitivo, sectores empresariales y mandos militares en Tijuana, reclutados por Ramón Arellano Félix para la ejecución y tareas de custodia operativa. Su padre fue un coronel del Ejército Mexicano que formó parte del Estado Mayor Presidencial.
En septiembre de 1996, Valdez Mainero fue detenido en San Diego, California. Expedientes de la Corte Federal del Distrito Sur de California lo vincularon con ejecuciones de alto impacto cometidas durante la pugna del grupo criminal, ademas de procesarlo por conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Tras cumplir una condena de casi dos décadas en instalaciones del Buró Federal de Prisiones (BOP), obtuvo su liberación en noviembre de 2015 y reestableció su residencia en Tijuana. Recientemente, informes de las mesas de seguridad en la entidad señalaron su posible vinculación con los reacomodos y disputas internas por el control territorial en la zona fronteriza.
Las corporaciones de seguridad mantienen abiertas las carpetas de investigación para dar con su paradero y determinar si fue víctima de una privación ilegal de la libertad.