Romper el silencio cuando la sociedad presupone que las víctimas de violencia en el hogar tienen un solo género no es un acto sencillo. Es una batalla contra el miedo, la vergüenza y los prejuicios. Tras años de someterse al dolor en secreto, José decidió alzar la voz en el municipio de Cajeme, Sonora, para exponer el calvario de agresiones físicas, psicológicas y amenazas que afirma sufrir a manos de su pareja, Ruby Esmeralda.
El martirio de José no solo quebrantó su paz familiar, sino que le arrebató su estabilidad profesional. Tras más de una década como supervisor en la empresa Caterpillar, perdió su empleo debido a los constantes episodios de celos de su pareja. Buscando rehacer su vida laboral, emprendió un negocio de venta de pollo y posteriormente trabajó como electricista; sin embargo, el acoso y el control continuaron de forma incesante.
Gran parte de las agresiones quedaron registradas en grabaciones de videovigilancia que hoy circulan en redes sociales, donde se aprecia a la señalada atacando a José e intentando agredir a un tercero en un local comercial.
La indignación en la comunidad ha aumentado al conocer la falta de respuesta por parte de las autoridades encargadas de protegerlo:
- 2025: Año en que José interpuso la denuncia formal por violencia familiar ante las autoridades correspondientes.
- 5 ocasiones: Número de veces que le fueron canceladas o reprogramadas sus citas de atención psicológica en la institución.
- 0 carpetas judicializadas: A pesar de las evidencias aportadas, el proceso penal se mantiene estancado.
La situación alcanzó su punto más crítico la noche del pasado 31 de julio. Ante nuevas amenazas, José solicitó auxilio al 911 amparado por una medida de protección vigente. Sin embargo, al arribar los elementos de la Policía Municipal de Cajeme, ignoraron el mandato judicial y le exigieron desalojar su propia vivienda —propiedad que adquirió antes del matrimonio— bajo la amenaza de ser trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) si se negaba.
Las agresiones han ocurrido repetidamente en presencia del hijo menor de la pareja, situación que ha motivado a organizaciones civiles a solicitar la intervención urgente del Sistema DIF Sonora para salvaguardar la integridad del niño.
Por su parte, la activista Alba Luz Borbón, quien acompaña el caso, reveló que Ruby Esmeralda forma parte de los aspirantes en formación de una academia policial en el estado. Ante esto, hizo un llamado a las autoridades estatales para auditar los exámenes de control y confianza de la corporación.
El caso de José expone una realidad incómoda: la violencia intrafamiliar debe ser atendida con el mismo rigor e imparcialidad, sin importar el género de la víctima. Hoy, José y la sociedad civil exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y a la Policía Municipal de Cajeme que actúen con justicia antes de que esta cadena de omisiones derive en una tragedia irreparable.
