Un ataque armado en la comunidad serrana de Cerro de las Lumbreras, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, dejó un saldo de siete integrantes de la familia Hernández Solano asesinados, entre ellos tres menores de edad, así como la quema de al menos siete viviendas.
Los habitantes de la localidad exigieron la intervención urgente e inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ejército Mexicano ante la falta de respuesta institucional y el abandono de los cuerpos en el sitio tras la masacre.
De acuerdo con los testimonios emitidos por los propios pobladores, el ataque se registró a las 4:00 horas del jueves 27 de agosto, cuando un contingente de aproximadamente 50 mugrosos armados con fusiles de alto calibre, equipo táctico y vestimenta de tipo militar de Los Tlacos o Cártel de la Sierra irrumpió en la pequeña población mientras los residentes dormían, tras ejecutar a los familiares, los mugrosos incendiaron las viviendas.
Las víctimas mortales fueron identificadas por sus allegados como Basilio, Genaro, Hermilo y Porfirio Hernández Solano, además de tres menores de edad cuyos nombres se mantuvieron en reserva.
“Necesitamos el apoyo porque aún no ha llegado nadie, la niña que está muerta no la podemos levantar, además hay un señor que fue calcinado, tiene más de 24 horas”, alertó un habitante de la localidad.
Durante la agresión, los habitantes lograron rescatar a uno de los menores gravemente herido e intentaron trasladarlo de emergencia al municipio de Atoyac para recibir atención médica; sin embargo, el joven falleció en el trayecto debido a la severidad de las lesiones.
Vecinos de la zona señalaron de manera directa a la agrupación delictiva conocida como Los Tlacos o Cártel de la Sierra como los responsables de la matanza. Según denunciaron los habitantes, el móvil de la agresión fue la negativa contundente de la familia Hernández Solano a vender y entregar sus predios para la explotación de la madera.
"Desde hace unos meses nos quieren quitar nuestros campos donde no hemos dejado cortar ni un solo árbol", indicaron las fuentes locales, quienes agregaron que las familias sobrevivientes se vieron forzadas a desplazarse y refugiarse en poblados vecinos de la sierra.
Hasta la tarde del viernes 28 de agosto, más de 30 horas después de los hechos, las autoridades ministeriales y los peritos de la FGE no habían acudido al sitio para llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres ni para procesar la escena del crimen, lo que obligó a los vecinos a denunciar públicamente la situación a los medios de comunicación.
La comunidad de Cerro de las Lumbreras se localiza a 30 minutos de Linda Vista, zona que ha sido escenario de constantes ataques criminales dirigidos a la apropiación de recursos forestales, hídricos y mineros.
Las comunidades serranas han señalado reiteradamente la falta de denuncias formales debido al temor a represalias y a la presunta complicidad de autoridades locales y cuerpos de seguridad con los grupos armados que operan en la región.
El caso de Cerro de las Lumbreras se enmarca en un patrón recurrente de violencia contra los defensores de los recursos forestales en la sierra de San Miguel Totolapan, donde la población atribuye los ataques a la misma célula delictiva.
En la denuncia, los pobladores recordaron el homicidio de Carlos Márquez Oyorzábal, ocurrido el pasado 5 de abril. El joven ecologista y comisario de la comunidad de Las Conchitas —anexo al poblado de La Ciénega de Puerto Alegre— fue torturado y descuartizado frente a su propia familia tras oponerse a la tala ilegal y al saqueo de madera en sus tierras.
De acuerdo con los testimonios de los habitantes, dicho crimen fue ejecutado por una célula de la agrupación Los Tlacos, bajo las órdenes de un individuo identificado como Leonel Barragán Tolentino, alias "La Changa".
Los residentes enfatizaron que la riqueza de la sierra en bosques, agua y minerales ha convertido a la zona en un objetivo constante de explotación por parte de grupos armados, situación que no se ha denunciado formalmente por el temor a represalias y por señalamientos directos de colusión entre autoridades civiles, militares y empresarios madereros con el crimen organizado.
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