El suicidio del docente Alberto Israel Jasso Cruz, quien contó con 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, desencadenó un amplio debate público sobre la actuación de las instituciones educativas y de justicia ante acusaciones formuladas contra el personal docente.
A raíz de este acontecimiento, la organización Equidad y Justicia, en conjunto con profesores, colectivos y usuarios de redes sociales, impulsa la iniciativa ciudadana denominada “Ley Alberto”. El movimiento busca promover reformas legales y administrativas orientadas a fortalecer la presunción de inocencia, asegurar el debido proceso y, simultáneamente, proteger a las víctimas reales de delitos.
Antes de su fallecimiento, Alberto Israel Jasso Cruz difundió un mensaje en video donde abordó la denuncia por presunto abuso sexual planteada en su contra dentro de un plantel del IEMS. En la grabación, el profesor sostuvo su inocencia y cuestionó los protocolos institucionales vigentes. Asimismo, expuso el severo impacto emocional, económico y reputacional que enfrentan las personas señaladas antes de que se desarrolle una investigación exhaustiva o exista una resolución judicial.
Entre los mensajes difundidos por los promotores de la campaña, destaca la siguiente declaración atribuida al docente:
“Quiero que se entienda como un acto de rebeldía o un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia.”
Bajo el lema “Por la verdad. Por la justicia. Por la vida”, la movilización plantea una reestructuración en la gestión de denuncias dentro de las instituciones educativas y de impartición de justicia mediante los siguientes puntos:
- Presunción de inocencia y medidas cautelares: Implementar protocolos que apliquen medidas preventivas objetivas sin exhibir o prejuzgar como culpable a la persona señalada, garantizando que el retiro preventivo del aula no derive en hostigamiento laboral, indefensión jurídica o exposición pública.
- Sanción a denuncias falsas: Establecer penalizaciones para quienes presenten acusaciones deliberadamente falsas que causen perjuicios profesionales, familiares o personales.
- Acompañamiento integral: Brindar asistencia psicológica y legal tanto a la parte denunciante como a la acusada durante el desarrollo de las investigaciones ministeriales.
Hasta el momento, la denominada Ley Alberto se mantiene en el ámbito del activismo social y la exigencia de reformas institucionales. No se ha presentado una iniciativa formal ante el Congreso de la Ciudad de México ni existe un texto legislativo normativo con articulado o sanciones específicas.
Para que los planteamientos impulsados por el colectivo se traduzcan en leyes obligatorias, será necesario estructurar un proyecto formal de ley, especificar los reglamentos a modificar y someter la propuesta al proceso legislativo correspondiente.