Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su responsabilidad en el delito de secuestro simulado. No obstante, durante la misma comparecencia, la autoridad judicial autorizó la suspensión condicional del proceso por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la funcionaria continuar al frente de la administración municipal.
La audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo este jueves a puerta cerrada, luego de que la defensa solicitara la exclusión de público y medios de comunicación, medida que contó con el visto bueno del Ministerio Público. En el recinto judicial únicamente estuvieron presentes los agentes fiscales, la alcaldesa con su equipo legal y el síndico Víctor Avendaño Bustos, quien asistió en representación del Ayuntamiento de Tenancingo, calidad jurídica que ostenta la corporación local al ser considerada la parte agraviada en el expediente.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos se originaron la noche del 31 de mayo, cuando se reportó la privación ilegal de la libertad de la edil en las afueras de su residencia. Sin embargo, las pesquisas ministeriales concluyeron que el incidente fue un montaje planificado por la alcaldesa, su esposo José Roberto y su cuñado Cristian —ambos actualmente prófugos de la justicia—, con la colaboración de tres personas adicionales.
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La teoría del caso formulada por el Ministerio Público señala que el objetivo de la simulación era exigir un pago de rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, dichos recursos extraordinarios serían utilizados de forma ilícita para subsanar un desfalco financiero por ese mismo monto detectado en la tesorería municipal. De acuerdo con la Fiscalía, el plan abortó debido a complicaciones logísticas durante la ejecución del supuesto rapto, lo que motivó que la alcaldesa desistiera del esquema y simulara su liberación.
Por su parte, Nancy Nápoles Pacheco ha rechazado categóricamente los señalamientos de la Fiscalía, sosteniendo la veracidad del secuestro y argumentando que su liberación se debió a que logró escapar tras un descuido de sus captores.
Asimismo, la presidenta municipal negó la existencia de cualquier quebranto financiero en las arcas de Tenancingo y atribuyó la acusación penal a una campaña de desprestigio orquestada desde la estructura de la Secretaría General de Gobierno del estado. Según la edil, un funcionario de dicha dependencia busca descarrilar sus aspiraciones de reelección para sucederla en el cargo en los próximos comicios.
Tras una jornada judicial que se extendió por casi doce horas, el juez de control determinó que los elementos de prueba aportados por la FGJEM eran suficientes para sujetar a la alcaldesa a proceso penal. Acto seguido, y conforme a los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley, se aprobó la suspensión del proceso bajo un esquema condicional de medio año.
Durante el periodo de seis meses que dure la suspensión, Nápoles Pacheco estará sujeta a las siguientes medidas de control:
- Fijar y mantener su residencia en el domicilio legalmente acreditado ante el juzgado.
- Presentarse de forma trimestral a firmar el libro de control judicial durante los primeros cinco días del mes correspondiente.
- Realizar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.
- Someterse a la supervisión general del Centro de Medidas Cautelares.
Debido a que ninguna de las restricciones fijadas por el juzgador contempla la inhabilitación temporal o la prisión preventiva, la alcaldesa mantendrá sus derechos políticos a salvo y continuará ejerciendo sus funciones de manera normal en el municipio del sur de la entidad.