El colectivo "Buscando Cuerpos" estimó que en la fosa clandestina localizada en la Barranca de Santa Rita, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, se encuentran los restos de al menos 375 personas. La proyección se basa en el hallazgo contable de huesos sacros en el sitio, una pieza ósea única por individuo.
Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local, detalló que las labores de excavación en este predio —conocido coloquialmente como "La Parotita"— evidencian una crisis forense de magnitudes profundas. Explicó que, debido a la constante fragmentación de las osamentas recuperadas (como fémures dispersos), el conteo formal se realiza estrictamente a través de los huesos sacros; sin embargo, en las jornadas más recientes también se fijaron dos mandíbulas y fragmentos craneales correspondientes a menores de tres años de edad.
El colectivo, que opera en la zona desde hace varios años, documentó el hallazgo de indicios biológicos recientes, tales como fragmentos de tejido que aún conservan cabello. Todo el material genético recuperado es trasladado a laboratorios especializados de la Ciudad de México para su procesamiento y la posterior confronta de perfiles de ADN en busca de "positivos" con familiares de personas desaparecidas.
López Pérez proyectó que, debido a la densidad de restos humanos enterrados en la barranca, las labores de recuperación, cribado y análisis forense se extenderán por lo menos tres años más. Asimismo, criticó al presidente municipal sustituto de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, por la falta de un esquema de seguridad y resguardo permanente en el perímetro de la fosa, lo que vulnera la escena entre cada jornada de búsqueda realizada por las familias.
En el ámbito institucional, la activista lamentó que Michoacán se mantenga como una de las pocas entidades federativas del país que carece de una legislación específica en la materia. Recordó que durante su gestión como diputada local se estructuró y aprobó un dictamen de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual tomó como base la Ley General federal y fue consensuado con organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, la normativa fue vetada por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; una decisión que la exlegisladora atribuyó a un bloqueo de carácter político y no a deficiencias técnicas, ya que los colectivos subsanaron las observaciones requeridas en su momento.
De acuerdo con las familias buscadoras, la ausencia de este marco normativo local precariza sus labores por dos vías principales:
- Restricción de apoyos: Se condicionan o limitan los recursos logísticos y operativos cuando los colectivos identifican de manera independiente nuevas zonas con posibles indicios biológicos.
- Impunidad administrativa: No existen mecanismos legales vigentes a nivel estatal para sancionar a los funcionarios públicos que obstaculizan, dilatan u omiten las diligencias de investigación y de campo.
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