La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una red de extorsión y secuestro exprés que operaba en el interior del Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras la detención de cinco elementos activos de la Guardia Nacional (GN). Los oficiales están acusados de interceptar y despojar de sus pertenencias a connacionales y personas en situación de movilidad procedentes de la Ciudad de México.
Los delitos se encuentran radicados bajo las causas penales 439/2026, 443/2026 y 1407/2026. Debido a que los ilícitos fueron cometidos por servidores públicos federales en funciones, las penalidades acumuladas podrían alcanzar entre 70 y 75 años de prisión. Las investigaciones de la FGR apuntan a una probable colusión más amplia que podría involucrar a personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
Primer caso: Retención, golpes y transferencia electrónica
La primera intervención se originó la mañana del jueves 2 de julio de 2026. Un pasajero proveniente de la Ciudad de México pasó los filtros del INM, donde tras acreditar ser ciudadano mexicano se le permitió continuar. Sin embargo, al llegar al estacionamiento de la terminal aérea, fue abordado por cuatro elementos de la Guardia Nacional, quienes lo retuvieron ilegalmente durante 27 minutos junto a otros viajeros.
Los uniformados despojaron a la víctima de su teléfono celular y exigieron bajo amenazas el pago de 15 mil pesos a sus familiares a cambio de su liberación. La extorsión se concretó mediante una transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los oficiales.
Mientras los agentes esperaban la confirmación del depósito, el ciudadano fue esposado. En un descuido de sus captores, el hombre logró correr hacia el interior del aeropuerto pidiendo auxilio a gritos. Tres de los guardias nacionales lo persiguieron, lo sometieron con uso excesivo de la fuerza en la zona pública del inmueble y, ante la mirada de testigos, lo sacaron a rastras y lo subieron a una patrulla oficial.
Los gritos de la víctima provocaron la intervención del administrador de la terminal, personal del INM y del comandante de la GN adscrito al aeropuerto. Al conocer las acusaciones, los propios compañeros de la corporación procedieron al arresto en flagrancia de los implicados. Los detenidos fueron identificados como:
- Jesús Gerardo R. A. (Sargento Primero, 43 años)
- Fernando P. R. (Soldado, 34 años)
- Alfredo G. C. (Soldado, 31 años)
- Horacio D. C. S. (Soldado, 24 años)
Los cuatro servidores públicos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en espera de que el próximo 8 de julio el Juez de Control federal determine si son vinculados a proceso.
Segundo caso: Cobro de cuotas en la zona de taxis
Un día después, el viernes 3 de julio, se registró una segunda detención en el área de transporte de la misma terminal aérea. Un pasajero identificado con las iniciales E. A. P., originario de Tapachula, Chiapas, solicitó el servicio de un taxi oficial y entregó su celular al chofer para que su contacto en la ciudad le indicara la ruta.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el conductor entregó de forma voluntaria el dispositivo al agente de la Guardia Nacional Jonathan de Jesús O. V., quien le exigió al viajero la cantidad de 3 mil pesos bajo la advertencia de que no le permitiría abandonar el aeropuerto si no pagaba. Al no contar con esa suma, el pasajero ofreció 700 pesos, momento en el que el administrador de la terminal detectó la alteración del pasajero e informó a los mandos de la corporación, derivando en la detención del oficial y del taxista.
Durante la audiencia inicial presuntamente celebrada este martes 7 de julio, la jueza Haydeé de Santiago Wong Edges calificó de legal la detención del agente de la GN, dictándole prisión preventiva oficiosa tras el señalamiento directo de la víctima.
Por el contrario, la juzgadora ordenó la inmediata libertad del taxista, Alberto M. R., al determinar que su captura no ocurrió en flagrancia. La defensa argumentó con éxito que el chofer solo recibió el teléfono para conocer la dirección y que no existían pruebas objetivas que lo vincularan en un acuerdo previo o coautoría con el uniformado en los delitos de secuestro exprés y extorsión agravada.
La FGR e inspectores federales se encuentran analizando los videos del sistema de circuito cerrado del Aeropuerto Internacional Abraham González desde el arribo de los vuelos hasta las zonas de los altercados. La línea de investigación busca establecer el modus operandi de los agentes federales, quienes presuntamente seleccionaban a las víctimas desde los filtros migratorios del INM para posteriormente ser entregadas a los elementos de la Guardia Nacional encargados de consumar las extorsiones en el estacionamiento y los accesos viales.