La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York solicitó formalmente la implementación de un jurado anónimo y parcialmente aislado, así como el establecimiento de medidas especiales de protección para el manejo de evidencia clasificada, de cara al proceso judicial en contra de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. La petición busca salvaguardar la integridad de los ciudadanos que participarán en el tribunal y proteger información sensible vinculada a la seguridad nacional estadounidense.
La solicitud fue remitida al juez de la causa, Frederic Block, argumentando que el alto perfil del acusado y sus conexiones históricas con estructuras criminales transnacionales representan un riesgo latente de intimidación o represalias.
Las autoridades judiciales norteamericanas señalaron que, si las identidades de los jurados fueran públicas, existiría el riesgo de que no pudieran emitir un veredicto con total imparcialidad. De autorizarse la medida, los nombres, domicilios y lugares de trabajo de los integrantes del cuerpo civil se mantendrán bajo estricto secreto de Estado y sus deliberaciones se efectuarán a puerta cerrada.
De forma paralela, la representación jurídica del gobierno estadounidense requirió una audiencia para este miércoles 17 de junio de 2026, con el objetivo de invocar la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés). Esta legislación faculta a las cortes federales para restringir el acceso público a datos reservados o sustituir documentos confidenciales por resúmenes ejecutivos, garantizando la seguridad del Estado sin vulnerar los derechos procesales del imputado, conocido históricamente como El Narco de Narcos.
El inicio del juicio oral está programado para el 8 de mayo de 2027. En este procedimiento, la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de Caro Quintero en delitos de narcotráfico a gran escala cometidos durante las últimas décadas, así como su autoría en el secuestro, tortura y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la DEA, perpetrado en 1985; un caso que reconfiguró la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
Rafael Caro Quintero consolidó su poder en la década de 1970 al frente del Cártel de Guadalajara, liderando el envío masivo de marihuana hacia territorio estadounidense. Tras el homicidio del agente Camarena, huyó a Costa Rica, donde fue localizado y extraditado a México para cumplir una condena de 40 años de prisión. Sin embargo, en agosto de 2013, un tribunal mexicano le otorgó la libertad debido a un tecnicismo legal tras haber compurgado 28 años de cárcel, una decisión que generó una profunda tensión diplomática con Washington.
Tras su liberación, el capo retomó las actividades de narcotráfico desde la clandestinidad. Su recaptura definitiva ocurrió en julio de 2022 durante un operativo de la Secretaría de Marina en Sinaloa, acción que se vio enlutada por el desplome de un helicóptero Blackhawk donde fallecieron 14 elementos navales mexicanos.
Finalmente, en febrero de 2025, el Gobierno de México concretó la entrega en extradición de Caro Quintero a los Estados Unidos, junto a otros perfiles de alta peligrosidad como Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez. De ser hallado culpable en el juicio fijado para 2027, el originario de Badiraguato podría ser sentenciado a cadena perpetua.