El exlíder y fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, envió un par de cartas manuscritas dirigidas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En los textos, el capo solicita la intervención de la mandataria para gestionar su traslado de regreso a territorio mexicano y asegura que el Estado fue el verdadero responsable de los homicidios que las autoridades judiciales le adjudicaron durante su proceso en el extranjero.
Las misivas, redactadas a mano y en idioma inglés, tienen fecha del 2 y 4 de junio de 2026. Ambas correspondencias fueron recibidas de manera oficial el pasado miércoles 10 de junio por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la misma instancia donde el sinaloense fue juzgado y condenado a cadena perpetua.
En el primer escrito, el capo —quien actualmente purga su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado— argumenta que existieron graves irregularidades y violaciones a sus derechos humanos durante su proceso penal. Guzmán Loera sostiene que la política de extradición aplicada en su caso careció de justicia, acusando que le fue negada la debida comparecencia legal antes de ser entregado a las autoridades norteamericanas.
Ante este escenario, solicitó de manera explícita a la titular del Ejecutivo federal mexicano que inicie los trámites institucionales pertinentes para revocar su situación y permitirle retornar a su país de origen.
En el segundo texto, "El Chapo" Guzmán arremetió contra las administraciones gubernamentales previas de México, deslindándose de la ola de ejecuciones cometidas durante los años en que lideró la organización criminal y señalando al aparato gubernamental como el principal ejecutor de la violencia.
“La violencia que no fue probada fue utilizada injustamente para dictar mi sentencia, cuando el gobierno mexicano fue quien realizó todos los asesinatos y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, expuso textualmente en la carta difundida por el tribunal neoyorquino.
Hasta el momento, la presidencia de la República Mexicana no ha emitido ningún posicionamiento oficial respecto a la recepción de las copias de estas cartas o si el gabinete de seguridad evaluará la viabilidad legal de la petición formulada por el sentenciado.