Como parte de la estrategia nacional contra el delito de extorsión, Fuerzas Federales y del estado de Guerrero ejecutaron un operativo conjunto en el puerto de Acapulco que derivó en la detención de 11 integrantes de una célula delictiva. Entre los detenidos destaca Jesús Zamora Cervantes, identificado como el líder de la organización criminal y quien formalmente se desempeñaba como asesor de la presidenta municipal, la morenista Abelina López Rodríguez.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la desarticulación de esta banda fue resultado de denuncias anónimas y de labores de inteligencia de campo. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSPC y corporaciones locales cumplimentaron nueve órdenes de cateo para neutralizar al grupo, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, los agentes ubicaron diversos inmuebles utilizados por los sospechosos para coordinar actividades ilícitas. La célula delictiva se dedicaba a intimidar y exigir sistemáticamente cuotas ilegales a prestadores de servicios turísticos y restauranteros para permitirles trabajar en las playas y áreas de alta afluencia de la avenida Costera Miguel Alemán.
Jesús Zamora Cervantes, quien también fungía como dirigente del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, fue detenido a las 08:00 horas del miércoles en su residencia ubicada en el fraccionamiento Costa Azul. Las indagatorias señalan que el centro de operaciones políticas y sociales de Zamora era el restaurante "El Camarón Jakie", establecimiento situado en la Costera Miguel Alemán que fue intervenido y registrado durante el despliegue policial.
Además de su liderazgo criminal, la Plataforma Nacional de Transparencia constata que Zamora Cervantes se encuentra registrado como “asesor general” del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, administración que encabeza Abelina López Rodríguez desde 2021. Por este cargo público, el detenido percibía un sueldo mensual bruto de 41 mil 763 pesos (34 mil 283 pesos netos).
El dispositivo de seguridad también permitió la captura de otros dirigentes de agrupaciones turísticas locales, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada con fines de extorsión:
- Arturo Pantoja Guatemala, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Servicios Turísticos.
- Marco Antonio Velázquez Girón, presidente del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Acapulco.
- Abad Esparza Bustos, vocero de la organización Zofemat.
Asimismo, fueron aprehendidos los siguientes colaboradores de la estructura criminal: Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado, Lorelei Ontiveros Pedraza y Julio César Melo Lozano. Las autoridades precisaron que 7 de los 11 detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de delincuencia organizada.
A la par de las acusaciones de extorsión, las líneas de investigación ministerial vinculan a Jesús Zamora Cervantes y a su banda con el asesinato del ambientalista y prestador de servicios turísticos Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Suástegui Muñoz, conocido por liderar la oposición comunitaria contra la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue atacado a balazos el pasado 18 de abril al concluir su jornada laboral en la playa Icacos, perdiendo la vida una semana después en un hospital debido a la gravedad de las heridas. El activista también encabezaba el colectivo que exige la presentación con vida de su hermano, Vicente Suástegui, desaparecido desde el 5 de agosto de 2021.
Durante los cateos, las fuerzas del orden aseguraron armas de fuego, diversas dosis de narcóticos, documentación relevante y equipos tecnológicos, indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para fortalecer la carpeta de investigación. Las autoridades exhortaron a la población a denunciar formalmente a los imputados en caso de reconocerlos como partícipes de otros ilícitos en la región costera.