La investigación en torno al secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, dio un giro radical. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló el hallazgo de indicios que apuntan a que el evento fue una simulación coordinada por la propia funcionaria con el objetivo de justificar un faltante de aproximadamente 40 millones de pesos en la tesorería municipal.
De acuerdo con los avances del expediente ministerial, la planeación de este montaje comenzó a estructurarse desde febrero de este año. Las indagatorias señalan como coautores de la logística a José Roberto y Óscar, esposo y cuñado de la presidenta municipal, respectivamente.
Cuando el caso trascendió de manera pública, la narrativa inicial indicaba que la edil había sido capturada por un grupo delictivo y que los captores exigían una suma idéntica al faltante financiero como condición para su liberación. Sin embargo, el cruce de información y los análisis tecnológicos realizados por la Policía de Investigación fracturaron la versión original.
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Entre los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, se demostró que la alcaldesa instruyó de forma específica la ruta que debía seguir el vehículo donde se transportaba, eligiendo vialidades desprovistas de la cobertura de las cámaras de videovigilancia del centro de mando estatal. Asimismo, los peritajes telefónicos detectaron una comunicación donde la funcionaria solicitaba explícitamente a un familiar directo que no diera aviso a las instituciones de seguridad pública sobre los hechos.
Derivado de los operativos de seguimiento y las órdenes de cateo ejecutadas por la Fiscalía, se concretó la detención de tres personas implicadas de forma directa en la farsa. Por otra parte, un juez de control otorgó órdenes de aprehensión en contra del esposo y el cuñado de la alcaldesa, quienes actualmente son buscados por las autoridades federales y estatales al encontrarse sustraídos de la acción de la justicia.
La hipótesis del caso formulada por la FGJEM sostiene que la finalidad prioritaria del autosecuestro consistía en simular que los recursos públicos sustraídos de las arcas del Ayuntamiento habían sido entregados como pago de rescate, intentando con ello evadir las auditorías estatales sobre las finanzas del municipio.
Ante el cúmulo de evidencias, la representación social solicitó formalmente una audiencia ante el Poder Judicial para formular la imputación penal en contra de Nancy Nápoles Pacheco por el delito de simulación de secuestro, al tiempo que se dio vista a las fiscalías especializadas para profundizar en la ruta del dinero y fincar las responsabilidades correspondientes por el desfalco a la hacienda municipal. De comprobarse la teoría del caso en los tribunales, el expediente se consolidará como uno de los esquemas de corrupción política y distracción de recursos públicos más inusuales en la historia de la entidad.