En un operativo conjunto diseñado para debilitar las redes de narcotráfico transnacional en el sur del país, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una serie de cateos estratégicos en la región fronteriza de Chiapas.
La intervención terminó con la detención de dos integrantes de una organización delictiva uno de ellos es Horacio de la Cruz Mazariegos, conocido como “El Botanas” de La Mayiza del Cártel de Sinaloa "CDS" y un aseguramiento que representa un impacto financiero superior a los 2.8 millones de pesos.
Las acciones se derivaron de trabajos de inteligencia naval que permitieron identificar cinco inmuebles clave en los municipios de Tuxtla Chico, Metapa y Frontera Hidalgo. Estos puntos, que incluían un rancho, una bodega y diversas viviendas, eran utilizados como centros de operación logística para el trasiego de estupefacientes a través de la frontera sur.
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Tras obtener las órdenes judiciales correspondientes, las fuerzas federales desplegaron incursiones simultáneas en los objetivos señalados. Durante las diligencias, se logró el aseguramiento del siguiente material:
- Siete armas de fuego
- 19 cargadores
- 109 cartuchos de diversos calibres
- Dos unidades motrices, destacando una camioneta con blindaje especializado.
- Dos chalecos balísticos
- Seis teléfonos celulares y equipo electrónico diverso.
- Dos propiedades quedaron bajo resguardo de la autoridad federal
Además, se incautó documentación diversa que podría aportar nuevas líneas de investigación sobre la estructura jerárquica y financiera del grupo criminal.
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De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de los bienes e insumos asegurados asciende a aproximadamente 2,804,190 pesos. Esta cifra representa un golpe directo a la capacidad operativa de la organización, limitando sus recursos para el mantenimiento de su infraestructura delictiva en la región.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, donde se les dará seguimiento procesal para determinar su situación jurídica. Con este despliegue, el Gobierno de México reafirma el compromiso de fortalecer el Estado de derecho y mantener la seguridad en las zonas estratégicas de la frontera sur.