El caso que estremece a la cúpula política de Sinaloa sumó un nuevo capítulo financiero. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios de la entidad, todos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria aclaró que la medida no corresponde a una iniciativa unilateral del Gobierno de México, sino a un protocolo financiero internacional activado de forma automática a raíz de las órdenes de aprehensión vigentes en el país vecino.
“Fue de una manera preventiva. Dado que hay una orden de aprehensión en EE. UU. contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, explicó Sheinbaum.
Esta precisión llega después de que el pasado viernes 15 de mayo, la presidenta asegurara no tener el reporte detallado del estatus financiero del exgobernador, solicitando un informe formal a la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Minutos después de las declaraciones de la jefa del Ejecutivo, la UIF emitió un comunicado oficial para detallar los fundamentos jurídicos y operativos de la acción. La institución confirmó la adición de estas Personas Políticamente Expuestas (PPE) a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
De acuerdo con el documento, la inmovilización de los activos se derivó directamente de los reportes y alertas emitidas por las propias instituciones del sistema financiero mexicano, las cuales reaccionaron ante las acusaciones públicas formuladas por las agencias de seguridad estadounidenses por delitos que incluyen la conspiración para importar narcóticos.
El alcance de la investigación no se limita a las cuentas personales de los implicados. Fuentes federales indican que la UIF ha ampliado el rastreo a una red de empresas, socios y firmas comerciales presuntamente ligadas al entorno cercano de Rocha Moya para detectar posibles operaciones de procedencia ilícita.
Por su parte, Rubén Rocha Moya, quien recientemente solicitó licencia a su cargo para hacer frente al proceso, ha rechazado de manera tajante los señalamientos del Departamento de Justicia, calificándolos de infundados. No obstante, el congelamiento de sus activos eleva la presión sobre su grupo político y añade un punto de fricción en la agenda de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico entre México y Estados Unidos.