La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la incursión de agentes extranjeros en territorio mexicano, citando a declarar a cerca de 50 funcionarios que participaron en el operativo de los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, Chihuahua.
Ulises Lara, fiscal de Asuntos Relevantes de la institución, informó que estas diligencias forman parte de una indagatoria por delitos en materia de seguridad nacional, derivado del desmantelamiento de un laboratorio clandestino donde se confirmó la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
El foco de la investigación se centra en determinar si el Gobierno de Chihuahua (concretamente la Gobernadora Maru Campos) tenía conocimiento de la participación de los agentes extranjeros o si existió una omisión deliberada en los protocolos de soberanía.
Esta línea de acción se activó tras las declaraciones de César Jáuregui, ex-fiscal general del estado, quien antes de renunciar señaló que el fallecido titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, fue quien permitió la integración de los agentes estadounidenses en las tareas de campo.
La FGR ha solicitado formalmente que se acredite el estatus jurídico y las autorizaciones de seguridad de los extranjeros que perdieron la vida en un accidente durante dicha operación, junto con el mando de la AEI y otro elemento mexicano.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció con firmeza sobre el caso, advirtiendo que el hecho de permitir que agentes foráneos operen en suelo nacional es un asunto de extrema gravedad que aún no ha sido debidamente esclarecido.
La mandataria federal cuestionó la legitimidad de tales acciones bajo el argumento de la cooperación en seguridad, señalando que ninguna alianza internacional debe vulnerar la autonomía del País. En este sentido, planteó una analogía sobre el respeto mutuo entre naciones, cuestionando cuál sería la reacción internacional si la fiscalía mexicana pretendiera investigar de manera autónoma a legisladores o gobernantes de otros países en sus propios territorios.
Finalmente, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, reiteró que es la única autoridad con competencia legal para conducir este tipo de investigaciones de carácter nacional. La institución aseguró que el proceso será exhaustivo y que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de haber trazado o facilitado un operativo que comprometiera el orden jurídico mexicano.
Mientras tanto, la conducción de la AEI en Chihuahua permanece bajo un interinato, en espera de que las indagatorias federales logren deslindar las responsabilidades correspondientes por el hallazgo de la infraestructura de producción de drogas y la irregular intervención extranjera en la Sierra Tarahumara.