La región de la Sierra-Costa de Michoacán se tiñó de sangre tras un letal ataque armado que dejo muertos a dos autoridades de los Bienes Comunales de Pómaro y de dos profesores de la Meseta Purépecha. El atentado se enmarca en una violenta ofensiva contra los pueblos originarios del estado y ha desatado severas acusaciones políticas y señalamientos de nexos con el crimen organizado, lo cual es cierto, en Aquila sus autoridades comunales están coludidas con el Narco.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 200, a la altura de la localidad de Colola, en el municipio de Aquila. Sicarios emboscaron una camioneta oficial de la comunidad de Pómaro en la que viajaban Jerónimo García Flores (asesor jurídico) y Lucas Flores Tolentino (tesorero comunal).
Las autoridades indígenas se desplazaban acompañadas por un profesor y una maestra a quienes les habían brindado transporte de cortesía; el docente y los dos representantes comunales murieron en el sitio, mientras que la maestra, herida de gravedad, falleció horas más tarde en un hospital.
Sobre los maestros se dice que estos no tenían nada que ver, habian pedido un rite, subieron en el momento equivocado, siendo un daño colateral de la pelea entre cárteles.
Tras la masacre, la Comisaría de Bienes Comunales de Pómaro emitió un pronunciamiento en sus canales oficiales convocando a la población a una concentración masiva en la localidad de Maruata. En el mensaje, la representación indígena responsabilizó directamente al presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, por lo acontecido.
Habitantes de la comunidad de Pómaro incendiaron un autobús la mañana de este viernes como protesta.
Por su parte, el alcalde Valencia Guillén, quien llegó al cargo bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), difundió un comunicado de prensa donde condenó "enérgicamente el ataque armado cobarde" y solicitó a la Fiscalía del Estado y al Gobierno Federal una investigación "rápida, transparente, exhaustiva y con pertinencia cultural" para dar con los responsables.
El caso escaló en complejidad tras una transmisión en vivo realizada por el exlíder de las autodefensas de la región, Cemeí Verdía, quien vinculó este atentado con los procesos de autonomía financiera de los pueblos indígenas y el control de la delincuencia organizada:
Freno a la autonomía: Verdía reveló que la comunidad de Pómaro tenía programada una Asamblea General para este domingo con el objetivo de transitar hacia el modelo de presupuesto directo (autogobierno), un derecho constitucional en Michoacán que permite a los pueblos originarios administrar sus propios recursos sin intermediación municipal. Según su testimonio, este proceso ha desatado disputas e intereses criminales.
El exautodefensa citó como antecedente a la comunidad vecina de El Coire, afirmando abiertamente que su presupuesto directo es controlado por operadores de la célula delictiva de La Costa, liderada por Germán Ramírez Sánchez, alias “El Toro”.
"El Toro" encabeza una facción regional que mantiene una cruenta disputa territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, cabe destacar que el propio Cemeí Verdía cuenta con un historial de confrontación en la zona, habiendo sido expulsado en 2018 por la comunidad de Santa María Ostula bajo acusaciones de tener nexos precisamente con el CJNG.
La tragedia de Pómaro evidencia la vulnerabilidad de las estructuras comunitarias en Michoacán frente a una embestida delictiva que se ha intensificado a lo largo del mes de mayo, ante la cual los habitantes acusan omisión institucional y falta de efectividad por parte de las fuerzas de seguridad estatales y federales.