La estructura política del estado de Sinaloa atraviesa un momento de alta tensión institucional tras el anuncio simultáneo de Rubén Rocha Moya, gobernador de la entidad, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quienes solicitaron licencia temporal a sus respectivos cargos la noche del viernes 1 de mayo de 2026.
Esta decisión surge como respuesta inmediata a la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de una serie de imputaciones presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) que vinculan a ambos funcionarios con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
El proceso judicial en el extranjero señala a Rocha Moya y a Gámez Mendívil como responsables de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de fuego de alto poder y dispositivos destructivos.
De acuerdo con el expediente estadounidense, las autoridades del Distrito Sur de Nueva York buscan además el embargo de cualquier inmueble o ganancia económica que pudiera haber sido obtenida de manera ilícita a través de estos nexos.
Las acusaciones sugieren incluso que la victoria electoral de Rocha en 2021 habría contado con el respaldo de dicha organización criminal, citando como antecedente el testimonio de Ismael "El Mayo" Zambada, quien en 2024 afirmó que su propia entrega fue producto de una emboscada durante una reunión de mediación entre el gobernador y el exalcalde Héctor Cuen Ojeda.
A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, Rubén Rocha Moya defendió su trayectoria pública y aseguró mantener la conciencia limpia frente a lo que calificó como señalamientos "falsos y dolosos".
El ahora gobernador con licencia sostuvo que su separación temporal tiene como único fin facilitar el trabajo de las instituciones de justicia mexicanas y evitar que el proceso sea utilizado para desgastar el movimiento político que representa.
Por su parte, la administración municipal de Culiacán concretó el relevo de mando en una sesión extraordinaria celebrada a puerta cerrada, donde el Cabildo aprobó por mayoría que Miriam Ramos asuma la presidencia municipal de la capital sinaloense de manera interina, mientras Gámez Mendívil atiende los requerimientos legales derivados de la investigación internacional.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, la Fiscalía General de la República ha manifestado cierta reserva respecto a la urgencia de las órdenes de detención provisional solicitadas por el gobierno estadounidense.
La dependencia federal señaló que, hasta el momento, no se han presentado evidencias o fundamentos suficientes que justifiquen la inmediatez de dichas medidas, por lo que ha requerido al Departamento de Justicia información complementaria que sustente los cargos.
Mientras tanto, el Congreso del Estado se prepara para sesionar y formalizar el cauce legal de esta crisis, en un escenario donde el Gobierno Federal ha advertido que no habrá impunidad para actos delictivos comprobados, pero que se mantendrá vigilante ante posibles motivaciones de índole política.