La Fiscalía del Estado de Jalisco precisó que el campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) localizado en el municipio de Lagos de Moreno, donde se hallaron indicios con exposición térmica, es decir, evidencias de que cientos de cuerpos fueron calcinados, no puede catalogarse preliminarmente como un crematorio o campo de exterminio bajo criterios técnico-científicos, lo que quieren decir es que tiene que haber hornos como en una funeraria para que se le pueda llamar de esa manera, sin importar la cantidad de gente desaparecida.
En conferencia de prensa, Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, detalló que el dictamen pericial definitivo sigue en desarrollo. El análisis está a cargo de la especialidad de Siniestros y Explosivos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), área que determinará la nomenclatura y naturaleza oficial del sitio.
La funcionaria estatal argumentó que, para establecer la presencia de un horno o crematorio ilegal, los peritajes exigen constatar la existencia de una estructura diseñada o acondicionada específicamente para concentrar calor extremo, con el fin de desintegrar tejidos y restos óseos.
En el caso particular del terreno intervenido en Lagos de Moreno, las inspecciones iniciales revelaron una dinámica distinta:
- Se identificó una pila o bebedero de concreto para ganado que fue utilizado de manera improvisada como depósito para generar combustión.
- Los peritos recolectaron restos humanos fragmentados y calcinados, además de casquillos de armas de fuego, machetes, neumáticos y bidones con líquidos que son analizados para confirmar si funcionaron como acelerantes químicos.
Trujillo Cuevas remarcó que la precisión semántica o técnica no demerita la relevancia del hallazgo ni modifica el rumbo de las indagatorias.
"El hecho de que científicamente no se denomine hasta este momento procesal como crematorio u horno clandestino no impide que el trabajo se realice con toda la seriedad y la profundidad que el caso amerita", puntualizó la vicefiscal.
El predio fue ubicado el pasado 17 de mayo en una zona despoblada, de difícil acceso por caminos de terracería y rodeada de maleza. El hallazgo derivó de un despliegue de búsqueda en el que colaboraron la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía local y colectivos civiles.
Debido a las condiciones geográficas del terreno, los peritos forenses implementaron un sistema de rastreo por cuadrantes, apoyados con herramientas tecnológicas y operativas como drones, georradares, binomios caninos y técnicas de cribado de tierra para asegurar la recuperación de microindicios.
Respecto a los tiempos de operación del lugar, así como de la fosa localizada previamente en Las Pintitas, municipio de El Salto —la cual se procesa de forma continua desde abril—, la Fiscalía General del Estado señaló que la temporalidad y antigüedad de los depósitos ilegales se conocerá una vez que concluyan los estudios de antropología y medicina forense.
Al ser cuestionada sobre las versiones de colectivos de búsqueda que alertan sobre la existencia de al menos 33 centros de reclutamiento forzado operados por el CJNG, la vicefiscal afirmó que la institución no ha recibido ninguna notificación o denuncia formal al respecto.
Trujillo Cuevas aclaró que la dependencia tuvo conocimiento de dichos señalamientos únicamente mediante publicaciones en medios de comunicación, y sugirió que la información pudo haber sido remitida directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) o a fiscalías especializadas en materia de trata de personas. No obstante, aseguró que en caso de recibir datos concretos que vinculen estos sitios con carpetas de desaparición, se activarán de inmediato los protocolos operativos correspondientes.