Las autoridades judiciales de Jalisco dictaron auto de vinculación a proceso en contra de Antonio, señalado como el responsable del feminicidio de Azucena Dalila Camarena Cisneros, docente de 41 años de la universidad ITESO.
El crimen, ocurrido el pasado 13 de enero en el municipio de Zapopan, fue inicialmente presentado por el imputado como un suicidio, mediante la manipulación de la escena y el ocultamiento de pruebas.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la investigación se condujo bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género tras hallar inconsistencias en el lugar del hallazgo, un departamento en la colonia Arcos de Zapopan. Aunque el cuerpo fue encontrado junto a un cable y un bote de pintura para simular un ahorcamiento, la evidencia científica desmontó la versión del imputado.
El fiscal general, Salvador González de los Santos, reveló detalles estremecedores sobre el modus operandi del agresor. Las indagatorias indican que Antonio, pareja sentimental de la víctima, suministró a la docente una combinación de alcohol y benzodiazepinas para dejarla en estado de inconsciencia.
Una vez que la víctima perdió el conocimiento, el sujeto habría abusado sexualmente de ella —grabando la agresión— para finalmente asesinarla utilizando un cable. Posterior al acto, el hombre alteró el entorno para desviar la atención de los investigadores y hacer creer que se trataba de una decisión personal de la víctima.
Para lograr la captura y vinculación, el Ministerio Público desplegó un exhaustivo trabajo de inteligencia que incluyó:
- El análisis de más de 500 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.
- La ejecución de 20 dictámenes periciales y 78 diligencias ministeriales.
- La realización de 19 entrevistas y dos intervenciones legales de comunicaciones.
Gracias a la solidez de las pruebas presentadas, un juez de control ratificó la detención de Antonio, quien ahora enfrenta cargos por feminicidio, violación y violación equiparada. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año, periodo en el cual se llevará a cabo la investigación complementaria para dictar una sentencia definitiva.
Con este avance, la Fiscalía busca garantizar justicia para la docente y enviar un mensaje contundente contra la impunidad en delitos de violencia de género en la entidad.