Un video difundido recientemente ha provocado una ola de indignación en Oaxaca al exponer a un perito de la Fiscalía General del Estado cometiendo actos de rapiña durante una diligencia oficial. Los funcionarios habían sido desplegados en el municipio de Santa Lucía Ocotlán para recolectar indicios sobre un homicidio, pero las cámaras de seguridad revelaron que aprovecharon su acceso para saquear el inmueble.
El caso que originó la presencia de los peritos ocurrió el pasado 1 de abril, cuando un trabajador de nombre Nicandro “N” fue ejecutado por Sicarios dentro de las instalaciones de una empresa de transporte. Lo que debía ser una labor técnica y científica de criminalística se transformó en un acto delictivo por parte de quienes representan la ley.
Las grabaciones de videovigilancia fueron determinantes para desmentir el reporte oficial de los funcionarios. En las imágenes se observa con claridad cómo los peritos abandonan las áreas críticas del crimen para inspeccionar cajones y mobiliario en oficinas administrativas, buscando objetos de valor ajenos a la investigación forense.
Durante esta incursión, los servidores públicos sustrajeron aproximadamente 15 mil pesos en efectivo. Este hecho agravó la molestia social, ya que trascendió que parte de ese dinero correspondía a una colecta solidaria organizada para apoyar a la familia de la víctima.
Además del dinero, los peritos fueron captados llevándose una bolsa de camarones que se encontraba en el sitio. Ante los primeros cuestionamientos, la explicación oficial inicial resultó inverosímil: se argumentó que el producto había sido tomado como "muestra" para la investigación. Sin embargo, días después, el producto fue devuelto a los propietarios en avanzado estado de descomposición, lo que evidenció que no hubo ningún rigor científico en su manejo.
La transparencia aportada por el sistema de monitoreo de la empresa fue vital para evitar que el incidente fuera ignorado por las autoridades. De no haber existido las grabaciones, el faltante de efectivo se habría reportado como una pérdida ordinaria o atribuida a los perpetradores del homicidio original.
Ante la contundencia de las pruebas gráficas, la Fiscalía de Oaxaca informó que ha iniciado un procedimiento administrativo y penal a través de su órgano de control interno. El objetivo es deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes y proceder a la destitución de los elementos implicados, quienes ahora enfrentan cargos que van desde abuso de autoridad hasta robo calificado.