La estructura de justicia en el estado de Chihuahua sufrió una sacudida institucional este lunes, luego de que se confirmara la participación irregular de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Los hechos terminaron con la renuncia irrevocable del Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, quien admitió omisiones graves y falta de transparencia en la gestión de información inicial sobre este caso de trascendencia internacional.
Durante una rueda de prensa, la fiscal de la unidad especial, Wendy Paola Chávez Villanueva, que fue puesta a modo por la gobernadora, presentó increíblemente de una manera muy rápida, un informe que esclarece la presencia de ciudadanos extranjeros en el operativo realizado en el municipio de Morelos. Según la funcionaria, no eran dos, sino cuatro agentes de la CIA quienes viajaban encubiertos en el convoy oficial. La investigación determinó que el único mando que tenía conocimiento pleno de su presencia y el motivo de su participación era el fallecido director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes.
Chávez Villanueva detalló que estos agentes no formaban parte formal del despliegue institucional y su inclusión no fue reportada a los mandos superiores de la Fiscalía. Durante el operativo, los extranjeros mantuvieron un perfil bajo, vistiendo ropa civil y cubriéndose el rostro la mayor parte del tiempo, sin tener interacción operativa directa con el grueso de la tropa, limitándose a mantener contacto con el director y su círculo de seguridad personal.
Al concluir el informe técnico, el fiscal general César Jáuregui Moreno anunció su separación del cargo, la cual fue aceptada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Jáuregui reconoció que la información que proporcionó inicialmente a la opinión pública fue inconsistente y que los mecanismos de control interno fueron vulnerados.
“Es mi deber reconocer que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional. Mi renuncia es un acto en aras de la transparencia que la ciudadanía demanda y en respeto a la legalidad y la soberanía nacional”, declaró Jáuregui.
A pesar de la crisis política, el ex fiscal enfatizó que los hechos no deben eclipsar el éxito táctico del operativo, que resultó en la destrucción de uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes en la historia de México, representando un golpe contundente a las finanzas del crimen organizado.
El informe detalló la cronología del operativo que inició el 16 de abril. Un convoy de 16 unidades y aproximadamente 40 policías de la AEI salió de Chihuahua con destino a Guachochi, donde se unieron 50 elementos militares. Tras pernoctar en el poblado de Polanco, Batopilas, el contingente avanzó por brechas de difícil acceso hacia la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.
El sábado 18 de abril, las fuerzas de seguridad localizaron dos laboratorios clandestinos. Tras concluir las labores de resguardo, el director Oseguera Cervantes ordenó el retorno. Sin embargo, durante la madrugada del domingo 19 de abril, el vehículo que encabezaba el convoy —donde viajaba el director— perdió el control en un camino de terracería con escasa visibilidad y se precipitó a un barranco.
En el siniestro perdieron la vida el titular de la AEI, uno de sus escoltas y dos de los agentes estadounidenses. Fue en las labores de auxilio cuando el personal sobreviviente reveló que las víctimas extranjeras eran presuntamente enlaces de la embajada de los Estados Unidos, lo que desató la investigación especial que hoy concluye con la caída del fiscal general.
La Fiscalía General del Estado informó que ya se han remitido dos carpetas de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades sobre la naturaleza de la colaboración extraoficial de los agentes extranjeros. Asimismo, se ha solicitado información formal a la representación diplomática de Estados Unidos para confirmar las identidades y los cargos de las personas involucradas.
La unidad especial aseguró que continuará coadyuvando con el Consejo Nacional de Seguridad para garantizar que los hechos se esclarezcan con total autonomía, mientras el Gobierno del Estado busca restablecer la confianza pública tras este incidente que vulneró los protocolos de seguridad y soberanía en territorio chihuahuense.