La Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado una acusación formal por narcotráfico contra el actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, vinculándolo a él y a otros nueve funcionarios de alto nivel con una red de protección para el Cártel de Sinaloa. El documento judicial, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que el mandatario estatal y su equipo de trabajo colaboraron activamente con la organización criminal para facilitar el envío de grandes cargamentos de droga hacia territorio norteamericano.
De acuerdo con el informe de Washington, los acusados enfrentan cargos graves por tráfico de narcóticos y delitos relacionados con el uso de armas de fuego. Las autoridades estadounidenses aseguran que los señalados abusaron de sus cargos públicos para brindar apoyo logístico al cártel, recibiendo a cambio sobornos masivos. Se presume que esta colaboración incluyó la exposición de víctimas a actos de violencia y el uso de las instituciones del Estado para amedrentar a enemigos del grupo delictivo.
La acusación es particularmente severa al señalar la participación directa de cuerpos policiales en acciones de revancha. Se presume que ciertos mandos de seguridad participaron en el asesinato de rivales del cártel y de individuos que colaboraban secretamente con las autoridades de Estados Unidos. Este caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien supervisará el proceso legal en la corte neoyorquina.
La red de presunta complicidad abarca diversas áreas estratégicas del gobierno de Sinaloa y de la administración municipal de Culiacán. Los nombres incluidos en el expediente judicial son los siguientes:
- Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario General de Gobierno.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal General de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, identificado como "Tornado", exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
Dentro de estos perfiles destaca el caso de Juan Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos adicionales por el secuestro y posterior muerte de una fuente de la DEA y un familiar de la misma.
Uno de los puntos más polémicos de la investigación estadounidense refiere al proceso electoral de 2021. El Departamento de Justicia sostiene que la facción de Los Chapitos intervino directamente para asegurar la victoria de Rocha Moya mediante el despliegue de Sicarios. Según la acusación, estos grupos armados realizaron acciones de intimidación, coacción y secuestro contra rivales políticos para influir en los resultados que llevaron al mandatario a tomar posesión el 1 de noviembre de ese año.
Las autoridades de Estados Unidos afirman poseer evidencia de reuniones celebradas antes y después de la asunción al cargo, donde presuntamente se pactó la impunidad para las operaciones del grupo criminal. Bajo este esquema de protección, el gobierno estatal habría permitido que la organización operara sin restricciones, consolidando un imperio de tráfico de drogas que ha impactado profundamente la salud pública en el país vecino.
Rubén Rocha Moya, quien cuenta con una trayectoria académica como exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una carrera política como senador, ha centrado su discurso oficial en las políticas sociales de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, estos señalamientos en una corte internacional representan el desafío más crítico para su administración y para la gobernabilidad del estado.
Hasta el momento, ni el gobierno de Sinaloa ni las autoridades federales en México han emitido una postura oficial respecto a estas imputaciones. La acusación formal marca el inicio de un proceso judicial de alto perfil que buscará probar la existencia de un narcoestado en una de las regiones más complejas del territorio mexicano.