La mañana de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México cumplimentaron la detención de Edgar, quien se desempeñaba como subdirector de la policía municipal de Xalatlaco.
La captura se llevó a cabo en el municipio de Almoloya del Río, luego de que circulara un video en redes sociales donde se le observa agrediendo de manera violenta a su esposa, un material que generó una profunda indignación en la opinión pública mexicana.
Las imágenes difundidas por diversos medios muestran el momento exacto en que el mando policial persigue a la mujer dentro del patio de una vivienda. Tras alcanzarla, el agresor la sujeta del cabello con fuerza y la proyecta contra el suelo. Una vez que la víctima se encuentra en el piso, el hombre comienza a patearla en repetidas ocasiones, ignorando las quejas de dolor y los intentos de la mujer por protegerse.
La violencia escaló cuando Edgar volvió a tomarla por el cabello para arrastrarla y jalonearla por el lugar. En una secuencia posterior del video, se aprecia cómo el ahora detenido utiliza un objeto largo —aparentemente un palo de madera o metal— para golpearla con saña mientras ella solicita auxilio desesperadamente.
La viralización de estas pruebas fue determinante para que las autoridades estatales agilizaran el operativo de captura durante las primeras horas de este día.
Ante la gravedad de los hechos y la presión social, el presidente municipal de Xalatlaco, Abel Flores Guzmán, emitió un pronunciamiento oficial para confirmar que el implicado fue separado de sus funciones de manera definitiva.
El edil precisó que, desde el pasado 21 de este mes, se determinó la destitución de Edgar de la corporación de seguridad pública, enfatizando que no se tolerarán conductas que vulneren la integridad de las mujeres dentro o fuera de la institución.
Actualmente, el exsubdirector se encuentra bajo custodia y a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación jurídica por los delitos que resulten de esta agresión. El caso ha sido retomado por colectivos de derechos humanos, quienes exigen que el proceso se realice con perspectiva de género y que la posición de poder que ostentaba el agresor no influya en la impartición de justicia.