El caso de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años asesinada en Sonoyta, Sonora, ha desatado una nueva ola de indignación en México tras revelarse las sentencias dictadas contra sus agresoras. Pese a la brutalidad del crimen, que incluyó tortura y la grabación del homicidio en video, la justicia para adolescentes determinó penas de apenas dos años y 10 meses de prisión para cada una de las responsables.
La resolución judicial también fijó una reparación económica de poco más de 5 mil pesos, cifra que la familia de la víctima calificó como una burla, ya que no cubre siquiera la mitad de los gastos funerarios derivados de la tragedia.
Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2025, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. De acuerdo con las investigaciones, Britany Michel, de 15 años, y otra menor identificada como Monserrat, de 13, citaron a Leyla bajo engaños para trasladarla a una vivienda en el ejido El Desierto.
Carmen Angélica Becerra, madre de la víctima, relató que días antes del suceso su hija sostuvo una discusión con quienes consideraba sus amigas. A raíz de ese conflicto, las agresoras iniciaron una campaña de acoso y burlas constantes, centrando sus ataques en mensajes discriminatorios relacionados con el color de piel de la menor.
La noche del ataque, la crueldad de las adolescentes escaló a niveles alarmantes. Leyla fue atada a una silla y vendada de los ojos; posteriormente, fue estrangulada hasta la muerte mientras una de las implicadas captaba la escena con un teléfono móvil.
El video del crimen no solo circuló en redes sociales, sino que fue enviado de forma anónima a la madre de la adolescente, convirtiéndose en la prueba irrefutable que permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora identificar y capturar a las responsables.
Aunque el material audiovisual y los testimonios confirmaron la premeditación y alevosía del acto, el marco legal vigente para menores de edad impidió la aplicación de penas más severas. El fallo ha reabierto el debate nacional sobre la necesidad de reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en casos de delitos de alto impacto.
La familia de Leyla Monserrat, apoyada por colectivos de derechos humanos, continúa exigiendo una revisión del caso, denunciando que una vida no puede ser valorada en 5 mil pesos ni una ejecución grabada puede ser castigada con menos de tres años de internamiento.